El pasado 8 de noviembre, la jueza Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializada en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, Laura Gutiérrez de Velasco Romo, concedió una suspensión provisional para que no se puedan utilizar los recursos de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF) que fueron extinguidos por el Congreso de la Unión el pasado 18 de octubre.
La suspensión provisional fue otorgada en el juicio de amparo promovido por el Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial Federal, que busca impugnar el decreto que reformó el artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece que no podrán ser creados ni mantenerse en operación otros fondos o fideicomisos adicionales al Fondo Económico para el Mejoramiento de la Administración de Justicia.
La jueza consideró que la medida cautelar era procedente para evitar que se consumara un daño irreparable a los derechos de los trabajadores del PJF, que podrían verse afectados por la desaparición de los fideicomisos que garantizaban el pago de sus pensiones y otras prestaciones laborales.
La suspensión provisional impide que se empleen los más de 15 mil millones de pesos de los fideicomisos del PJF que eliminó el Congreso, y que el presidente Andrés Manuel López Obrador había anunciado que se destinarían a la reconstrucción de Acapulco, Guerrero, que sufrió graves daños por el paso del huracán Grace en agosto pasado.
La jueza fijó una garantía de 100 mil pesos que deberá ser cubierta por el sindicato en un plazo de cinco días hábiles, y citó a una audiencia incidental para el próximo 23 de noviembre, en la que se resolverá si se confirma, modifica o revoca la suspensión provisional.
El decreto que extinguió los fideicomisos del PJF fue aprobado por la Cámara de Diputados con el voto de Morena y sus aliados, y fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 20 de octubre. El mismo día, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, expresó su rechazo a la medida y anunció que presentaría una controversia constitucional para defender la autonomía y la independencia del PJF.
