Cada 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, establecido por la Asamblea General de la ONU en 2010 con el objetivo de visibilizar este delito, exigir justicia y reafirmar el derecho de las familias a conocer la verdad sobre el paradero de sus seres queridos.
De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), la desaparición forzada es considerada un crimen de lesa humanidad y, por tanto, no prescribe. Este delito implica la detención, secuestro o privación de la libertad de una persona por parte de agentes del Estado, o con su autorización, sin reconocer su paradero ni garantizar su protección legal.
La ONU ha señalado que este problema no pertenece únicamente al pasado o a regímenes autoritarios, sino que persiste en distintos países, incluso en contextos de democracia, donde se utiliza como herramienta de intimidación, represión o control social.
En México, la conmemoración adquiere un significado particular, ya que, según cifras oficiales, más de 114 mil personas se encuentran desaparecidas o no localizadas. Organizaciones civiles y colectivos de familiares han encabezado durante años la búsqueda de verdad y justicia. Así como la exigencia de fortalecer los mecanismos de investigación y atención a las víctimas.
En este día, organismos internacionales y asociaciones civiles reiteran el llamado a los Estados para erradicar la desaparición forzada. Además de garantizar reparaciones integrales y asegurar que nunca más se repita este crimen.
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