María Teresa Castro Corro no es la única exfuncionaria de la administración de Miguel Barbosa Huerta involucrada en el caso de Accendo Banco que la inhabilitó por 20 años.
En 2021, la administración barbosista realizó una inversión fallida de 606 millones de pesos en la institución bancaria que años después quebró.
De acuerdo a la explicación de los exfuncionarios, la inversión se realizó debido a que el banco ofrecía los mejores rendimientos, con una tasa de hasta 5 por ciento.
Esto derivó en denuncias ante la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado por parte de la administración de Sergio Salomón Céspedes Peregrina.
Esto fue revelado en una primera instancia por la aún secretaria de Finanzas, Josefina Morales Guerrero durante comparecencia el 30 de enero de 2024.
El 29 de noviembre de 2024, el ex secretario de la Función Pública, informó que había siete denuncias por este caso en contra de dos exfuncionarios.
¿Quiénes son los funcionarios sancionados por la inversión de Accendo Banco?
La primera es María Teresa Castro Corro, quien fue secretaria de Planeación y Finanzas durante la mayor parte del gobierno de Miguel Barbosa.
A ella se le aplicó una sanción económica de 352 millones de pesos por ser la responsable de realizar la inversión fallida en la institución.
Además, la inhabilitaron por 20 años, por lo que no podrá ocupar ningún cargo público en este tiempo debido al daño patrimonial que provocó.
El segundo señalado es José Enrique Girón, subsecretario de Egresos, quien también formó parte de la inversión fallida en la institución bancaria que se fue a la quiebra.
Inhabilitan a José Enrique Girón por 15 años por caso Accendo Banco
El tribunal también inhabilitó por 15 años a José Enrique Girón por participar en el caso de Accendo Banco.
Él también tuvo que comparecer ante las autoridades correspondientes por la inversión fallida en Accendo Banco durante la gestión de Miguel Barbosa.
Además, tendrá que pagar una indemnización de 241 millones 998 mil 452 pesos por estar involucrado en el daño patrimonial generado a las finanzas públicas.
Actualmente la Fiscalía de Puebla continúa las investigaciones sobre este caso para que no quede impune.
