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Miguel Trujillo señaló que el uso de teléfonos celulares y tabletas en los Ceresos ha facilitado la comisión de delitos como extorsión, amenazas, fraudes y…
La bancada de Morena propuso hasta 12 años de cárcel para personal de penales en Puebla que permitan introducir y usar celulares en los centros penitenciarios para extorsionar.
La iniciativa fue presentada por el diputado José Miguel Trujillo de Ita y reforma el Código Penal del Estado.
El secretario Daniel Iván Cruz Luna puntualizó que la administración de los mercados corresponde a los municipios, sin embargo, de manera coordinada los tres órdenes de gobierno han implementado operativos y recorridos de proximidad para evitar la comisión de delitos en estos… pic.twitter.com/0LDPvCi4au
— Secretaría de Seguridad Pública (@SSPGobPue) September 30, 2024
La propuesta de reforma plantea tipificar como “Delito de Introducción y Uso no Autorizado de Dispositivos Electrónicos en Centros Penitenciarios”.
El legislador de Morena señaló que el uso de teléfonos celulares y tabletas en los Centros de Reinserción Social (Cereso) ha facilitado la comisión de delitos como extorsión, amenazas, fraudes y la difusión de contenido ilícito.
Apuntó que la presencia de dispositivos electrónicos dentro de los centros penitenciarios no podría suceder sin ayuda interna o, en su caso, bajo la negligencia del personal.
Por eso, consideró indispensable sancionar de manera proporcional y ejemplar a quienes, aprovechándose de su posición de autoridad, faciliten el ingreso o uso de dispositivos electrónicos para fines ilícitos.
Celulares en centros penitenciarios de Puebla: ¿Cuáles son las penas propuestas?
Se sancionará de 3 a 6 años de prisión a quien, sin autorización, posea, ingrese, intente ingresar o facilite el ingreso de dispositivos electrónicos de comunicación, como teléfonos celulares, tablets, computadoras portátiles u otros equipos similares, a los centros penitenciarios del Estado de Puebla.
Si el delito es cometido por personal penitenciario, la pena será de 4 a 8 años de prisión y una multa de mil a 2 mil UMAs, además de la destitución inmediata del cargo y la inhabilitación para ejercer cualquier cargo de seguridad pública por un periodo de 5 años.
Habrá una agravante de 5 a 10 años de prisión cuando los dispositivos se usen para extorsionar, amenazar o intimidar a terceros; cometer fraudes o engaños; o difundir contenido ilícito o realizar actos que perjudiquen derechos de terceros.
Además, cuando se acredite la participación directa, por colusión, o negligencia en la comisión de delitos por parte de directores o encargados de los centros penitenciarios se aplicará prisión de 6 a 12 años.
También habrá multas de 2 mil a 5 mil UMAs, y la inhabilitación para ejercer cualquier cargo de seguridad pública por un periodo de 10 años.
Asimismo, los centros penitenciarios del Estado de Puebla deberán implementar medidas tecnológicas y administrativas que impidan el uso no autorizado de dispositivos electrónicos, y su incumplimiento será sancionado conforme a la ley.
