El Senado de la República aprobó en lo general la Reforma Judicial en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, con el respaldo de Morena y sus aliados. Esta reforma, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, tiene como eje principal la elección de jueces y magistrados mediante voto popular, una propuesta que ha generado intensos debates dentro y fuera del recinto legislativo.
Con 19 votos a favor y 11 en contra, el dictamen avanzará al Pleno del Senado, donde será sometido a discusión y votación en los próximos días. Los partidos de oposición, como el PAN, PRI, PRD y MC, expresaron su rechazo a la propuesta, argumentando que la reforma compromete la independencia del Poder Judicial y politiza la justicia.
Durante la sesión, senadores de Morena y el PT defendieron la reforma, señalando que responde a la necesidad de fortalecer el sistema judicial y garantizar que los ciudadanos participen en la elección de sus jueces y magistrados. Sostuvieron que esta medida contribuirá a erradicar la corrupción dentro del Poder Judicial y a hacer más accesible la justicia para todos los mexicanos.
Por otro lado, los partidos de oposición manifestaron su preocupación sobre los riesgos de que jueces y magistrados dependan de decisiones políticas o populistas, lo que podría afectar la imparcialidad en el ejercicio de la justicia. Durante su intervención, el senador Damián Zepeda (PAN) calificó la reforma como un ataque directo a la autonomía del Poder Judicial, afirmando que esta iniciativa coloca en riesgo el equilibrio de poderes en el país.
Afuera del recinto, manifestantes a favor y en contra de la reforma se congregaron para expresar sus posturas. Mientras algunos apoyaban la democratización del sistema judicial, otros advertían sobre los peligros de que el Poder Judicial quede bajo control político.
El siguiente paso para esta reforma será su discusión en el Pleno del Senado, donde se requerirá una mayoría calificada para su aprobación final. Si el dictamen es aprobado, será enviado a los congresos estatales para su ratificación.
Este debate ha marcado un punto crucial en la agenda legislativa de la administración de López Obrador, quien ha defendido la reforma como un paso necesario hacia la transformación del país. No obstante, la polarización política en torno a esta iniciativa ha hecho evidente la profunda división que existe respecto al futuro del Poder Judicial en México.
La aprobación en comisiones representa un avance significativo para el gobierno, pero aún queda por ver si la reforma será avalada en el Pleno del Senado y si logrará la aprobación de al menos 17 congresos estatales, tal como lo exige la Constitución para ser promulgada.
