En el Congreso local, la bancada del PAN propuso la contar con un padrón de intérpretes indígenas en la Fiscalía de Puebla.
La diputada Susana del Carmen Riestra Piña presentó una reforma a la fracción VII del artículo 8 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Puebla.
Esta propuesta busca garantizar el acceso a la justicia para comunidades indígenas en el estado de Puebla.
La diputada del PAN destacó que el estado de Puebla es una de las entidades con mayor vitalidad lingüística indígena en el país.
En Puebla se cuenta con hablantes de náhuatl, totonaco, otomí, tepehua, mazateco, popoloca, mixteco y zapoteco.
Las estadísticas del INALI y el INEGI confirman que más de 246 mil personas en Puebla hablan una lengua indígena.
La reforma propone asegurar a personas imputadas, ofendidas, víctimas, denunciantes y testigos pertenecientes a pueblos indígenas acceso a servicios de intérprete o traductor en su propia lengua y con pertinencia cultural.
Se busca contar con un padrón actualizado de intérpretes y traductores de las lenguas indígenas presentes en el Estado.
Este padrón deberán contar con disponibilidad permanente en modalidades presenciales y a distancia para personas imputadas, ofendidas, víctimas, denunciantes y testigos.
Se harán procesos de responsabilidad administrativa para los servidores públicos que nieguen o dificulten el acceso a intérpretes o traductores o condicionen la recepción de denuncias a la disponibilidad del servicio.
Fiscalía negó apoyo a niña náhuatl en Huauchinango
La diputada del PAN propuso la reforma tras el caso de negligencia cometido por la Fiscalía de Puebla en contra de una menor de edad de una comunidad náhuatl.
En días recientes se registró el caso de una niña indígena náhuatl de 12 años, originaria de Atla, municipio de Pahuatlán.
La menor de edad viajó aproximadamente cuatro horas hasta la Casa de Justicia en el distrito judicial de Huauchinango.
La menor de edad no pudo denunciar oportunamente una violación sexual debido a la inexistencia de un intérprete en náhuatl en la sede ministerial.
Susana Riestra señalo que la normativa vigente no es suficiente y que la deficiencia administrativa tiene “efectos reales, medibles y gravísimos en la vida de las víctimas”.
