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Se plantea que una vez que sea aprobado el exhortó por el pleno del Congreso, se dé 30 días de plazo a la autoridad responsable para que dé respuesta oport…
En el Congreso de Puebla se analiza llamar a comparecer a funcionarios públicos que no atiendan los exhortos aprobados por los diputados locales.
El diputado del Partido del Trabajo (PT), Mauricio Céspedes Peregrina, presentó una iniciativa de reforma la ley Orgánica del Poder Legislativo.
El legislador local destacó la urgencia de fijar un periodo de respuesta a los exhortos aprobados por el Pleno del Congreso local.
Enfatizó que estos puntos de acuerdo deben dejar de ser vistos por las autoridades y dependencias como “llamado a misa”.
Comentó que de 256 exhortos aprobados por la actual legislatura, solamente 96 de ellos tuvieron una respuesta por parte de la autoridad a la que iba dirigido.
Mauricio Céspedes señaló que esto significa que en promedio solo fueron atendidos tres de cada 10 acuerdos y el resto fueron omitidos por las autoridades.
Por ello, planteó que una vez que sea aprobado el exhortó por el pleno del Congreso, se dé 30 días de plazo a la autoridad responsable para que dé respuesta oportuna.
“La propuesta presentada plantea adicionar el artículo 192 Bis a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Puebla, para establecer un plazo máximo de 30 días naturales para que cualquier autoridad que reciba un exhorto, recomendación o declaración de postura emita una respuesta formal, debidamente fundamentada y motivada”., expresó.
El diputado local lamentó que las dependencias ignoren los exhortos del Congreso porque dañan la confianza de los ciudadanos en su trabajo.
Céspedes Peregrina agregó que en caso de que no se obtenga una respuesta al exhorto el Congreso tendrá la facultad para llamar a comparecer a un funcionario ante el Pleno o Comisión respectiva.
Subrayó que esta iniciativa no representa una intromisión en las competencias de otros poderes. Sino que refuerza el principio de colaboración y envía un mensaje claro de que “el silencio no puede ser una respuesta válida”.
La iniciativa de reforma fue tornada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y respectivo dictamen.
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