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Los presidentes municipales deberán informar de inmediato al Sistema sobre cualquier otra persona funcionaria a su cargo, e incluso ellas mismas, que se en…
El diputado Julio Huerta Gómez presentó la reforma para la creación del Protocolo Estatal de Protección de Funcionarios en Situación de Riesgo en Puebla.
En sesión del Pleno, el legislador morenista presentó una reforma a la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla. Esto para incorporar el capítulo “De la Protección a Funcionarios”.
La propuesta busca crear el Protocolo Estatal de Protección a Funcionarios en Situación de Riesgo o Peligro Inminente.
Este protocolo será diseñado por el Sistema Estatal de Seguridad Pública, integrado por el Ejecutivo Estatal, las Secretarías de Gobernación y Seguridad Pública. Además de la Fiscalía General del Estado, la Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública y las presidencias municipales.
El propósito del protocolo es salvaguardar la integridad de las personas en el ejercicio de sus funciones públicas, que se encuentren expuestas a amenazas, atentados o cualquier otra forma de riesgo derivado del desempeño de su cargo.
El Protocolo deberá contener los criterios para la evaluación del riesgo, la determinación de medidas de protección, los procedimientos de coordinación interinstitucional y los mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas.
Las personas titulares de las presidencias municipales del estado deberán informar de inmediato al sistema sobre cualquier otra persona funcionaria a su cargo, e incluso ellas mismas, que se encuentre bajo amenaza o peligro.
Se busca que que las medidas de protección sean proporcionales al nivel de riesgo que enfrenten o acrediten.
Entre las medidas que se podrán conceder a los funcionarios públicos se encuentran:
- -Asignación temporal de escoltas, -vigilancia fija o móvil
- -Apoyo tecnológico
- Resguardo de instalaciones o domicilio
- -Cualquier otra acción que garantice la integridad del funcionario protegido.
Las medidas estarán sujetas a revisión periódica y se mantendrán únicamente durante el tiempo que subsista la situación de riesgo.
La información de los funcionarios protegidos, las medidas adoptadas y las acciones operativas serán confidenciales.
Está iniciativa de reforma fue turnada a la Comisión de Seguridad Pública para su respectivo dictamen.