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Fedrha Suriano buscará una revisión técnica y jurídica al contrato y sus modificaciones para determinar posibles incumplimientos de la concesionaria y evit…
La diputada de Movimiento Ciudadano, Fedrha Suriano Corrales, anunció que solicitará una auditoría forense a Agua de Puebla, así como a las autoridades involucradas en la concesión del servicio, con el objetivo de revisar a fondo el contrato, sus convenios modificatorios y el cumplimiento de las obligaciones asumidas por la empresa.
La legisladora explicó que la revisión será solicitada ante instancias como la Fiscalía General del Estado, SOAPAP y autoridades administrativas, a fin de realizar un análisis técnico y jurídico que permita determinar si existen causas imputables a la concesionaria para proceder con la nulidad de la concesión.
Suriano señaló que cancelar el contrato sin un sustento legal podría representar un alto costo para el Estado, debido a las penalizaciones previstas en caso de que la rescisión sea atribuible al gobierno. Por ello, insistió en que primero deben acreditarse los incumplimientos de la empresa para evitar afectar las finanzas públicas.
La diputada sostuvo que, a juicio de Movimiento Ciudadano, existen elementos que evidencian fallas en la prestación del servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y disposición de aguas residuales, además de posibles omisiones durante los más de diez años que ha estado vigente la concesión.
Asimismo, recordó que la empresa se comprometió originalmente a realizar inversiones millonarias de manera inmediata; sin embargo, mediante un convenio modificatorio estas fueron diferidas, por lo que consideró necesario revisar la legalidad de dichos cambios.
Fedrha Suriano indicó que las recientes inundaciones registradas en Puebla refuerzan la necesidad de evaluar si la concesionaria ha cumplido con las obligaciones establecidas en el título de concesión y reiteró que la auditoría forense permitirá contar con los elementos necesarios para impulsar una eventual cancelación del contrato sin que ello genere responsabilidades económicas para el Estado.
