La directora general del SOAPAP, Josefina Morales Guerrero, sostuvo que actualmente no es viable revocar la concesión de Agua de Puebla, al señalar que el proceso implicaría una compleja revisión jurídica, el pago de una indemnización y la necesidad de contar con recursos para garantizar la operación del servicio.
En su comparecencia ante el Congreso del Estado, la funcionaria respondió a un nuevo cuestionamiento de la diputada del PRI, Delfina Pozos Vergara, quien en reiteradas ocasiones ha recordado que revisar la permanencia de la concesión fue uno de los compromisos de campaña del gobernador Alejandro Armenta.
Morales Guerrero explicó que el título de concesión, firmado el 26 de diciembre de 2013 y con una vigencia de 30 años y 113 días, contempla la revocación únicamente cuando se acrediten incumplimientos graves por parte del concesionario o exista una causa de utilidad pública.
Precisó que, aun cuando se configurara alguna de esas causales, el contrato obliga a seguir un procedimiento legal en el que la empresa tiene derecho a presentar pruebas y argumentos de defensa, además de recibir una indemnización en caso de concretarse la revocación.
La titular del organismo indicó que el procedimiento debe sustentarse en las evaluaciones anuales sobre el cumplimiento de indicadores, inversiones y mantenimiento, por lo que no basta con la voluntad política para cancelar la concesión.
Añadió que, además del eventual pago de la indemnización, el Estado tendría que asumir los costos de operación de los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento para garantizar su continuidad, lo que representa una importante carga presupuestal.
Morales Guerrero recordó que apenas concluyó la evaluación correspondiente al décimo año de la concesión y destacó que fue hasta el tercer convenio modificatorio, firmado en 2025, cuando se establecieron sanciones más severas por incumplimientos, por lo que insistió en que cualquier decisión sobre una eventual revocación debe sustentarse en elementos legales, técnicos y financieros.
