La Cámara de Diputados ha iniciado un nuevo esfuerzo legislativo para prohibir dos prácticas altamente controversiales en México: el fracking y la minería a cielo abierto. Esta iniciativa busca proteger el medio ambiente y la salud pública ante los efectos nocivos asociados a estas actividades.
La propuesta fue presentada en comisiones legislativas, donde se discutieron las implicaciones ambientales y sociales de estas prácticas extractivas. El fracking, o fracturación hidráulica, es una técnica utilizada para extraer gas y petróleo del subsuelo, que ha sido criticada por su impacto negativo en los recursos hídricos y por el riesgo de provocar sismos. Por otro lado, la minería a cielo abierto ha sido señalada por causar la destrucción de ecosistemas, contaminación del agua y afectaciones a las comunidades cercanas.
Argumentos en favor de la prohibición
Los legisladores que impulsan la prohibición argumentan que ambas actividades representan una amenaza seria para el medio ambiente y la salud de las personas. Durante las discusiones en la Cámara, se mencionó que el fracking ha provocado la contaminación de acuíferos y la emisión de gases de efecto invernadero, mientras que la minería a cielo abierto ha dejado cicatrices permanentes en la geografía del país.
“Es necesario actuar ahora para evitar que estas prácticas sigan dañando nuestro entorno y afectando la calidad de vida de miles de mexicanos. No podemos priorizar el lucro sobre el bienestar de nuestras comunidades y de nuestro planeta”, afirmó uno de los diputados promotores de la iniciativa.
Resistencia de la industria
No obstante, la propuesta ha encontrado resistencia por parte de sectores industriales y empresarios que argumentan que la prohibición podría afectar la competitividad de México en el mercado energético y minero global. Según estos grupos, tanto el fracking como la minería a cielo abierto son esenciales para el desarrollo económico y la generación de empleo en algunas regiones del país.
Ante estos argumentos, los diputados han señalado que es posible encontrar un balance entre el desarrollo económico y la protección del medio ambiente, y que el país debe avanzar hacia fuentes de energía más sostenibles y prácticas mineras menos invasivas.
Próximos pasos legislativos
La propuesta de prohibición ahora deberá ser discutida en el pleno de la Cámara de Diputados, donde se espera que genere un intenso debate. Si es aprobada, la ley pasaría al Senado para su revisión y, en última instancia, al Ejecutivo para su promulgación.
Esta iniciativa se enmarca en un contexto global donde cada vez más países están adoptando políticas ambientales más estrictas para enfrentar la crisis climática y proteger los recursos naturales. México, con su rica biodiversidad y su vulnerabilidad al cambio climático, podría dar un paso importante hacia un modelo de desarrollo más sostenible con esta prohibición.
