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El jueves 29 de octubre, ambos se encontraron por primera vez en 21 años en una audiencia judicial mediante videoconferencia.
Por primera vez en 21 años, la periodista Lydia Cacho Ribeiro y el exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, se vieron cara a cara, aunque mediante videoconferencia, en donde la periodista pidió que el exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, sea sentenciado a 12 años de prisión por su presunta responsabilidad en los actos de tortura que denunció tras su detención en diciembre de 2005. Durante una audiencia de alegatos finales, la comunicadora también exigió una disculpa pública para ella y para la sociedad poblana.
El jueves 29 de octubre, ambos se encontraron por primera vez en una audiencia judicial mediante videoconferencia. Cacho participó desde España, mientras que Marín compareció desde el penal federal de máxima seguridad de El Altiplano, en el Estado de México, ante la jueza María José Pech Sáenz, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Quintana Roo.
Durante su intervención, la periodista señaló al exmandatario como responsable de haber ordenado su detención y las agresiones que sufrió durante el traslado de Cancún a Puebla. Estos hechos ocurrieron después de la publicación de su libro Los demonios del Edén, en el que expuso una presunta red de explotación sexual infantil relacionada con empresarios y personajes de poder.
Además de solicitar la pena máxima de 12 años de cárcel, Cacho pidió la reparación integral del daño y una disculpa pública. La Fiscalía General de la República (FGR) coincidió en solicitar la condena máxima al considerar que existen elementos para acreditar la responsabilidad del exgobernador.
En contraste, Mario Marín rechazó haber ordenado la detención y tortura de la periodista. Su defensa sostuvo que no existen pruebas materiales suficientes para demostrar su participación en los hechos.
Tras concluir la audiencia, la jueza informó que contará con un plazo de hasta 60 días naturales para revisar los 66 tomos que conforman el expediente y determinar si dicta una sentencia condenatoria o absolutoria. Sin embargo, también está pendiente la resolución de un amparo promovido por la defensa del exmandatario.
El proceso judicial tiene su origen en diciembre de 2005, cuando Lydia Cacho fue detenida en Cancún y trasladada por carretera a Puebla, luego de una denuncia por difamación presentada en su contra. Durante ese recorrido, la comunicadora denunció tortura y amenazas, en un caso que se convirtió en un referente de las denuncias sobre agresiones contra periodistas y abuso de poder en México.
