La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respondió positivamente a la propuesta que le hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador de utilizar los más de 15 mil millones de pesos de los fideicomisos recién desaparecidos del Poder Judicial de la Federación (PJF) para la reconstrucción de las zonas afectadas por el huracán Otis en Guerrero.
La ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña, envió una carta al mandatario federal en la que le expresó su disposición a colaborar con el Ejecutivo para atender la emergencia que vive el estado sureño. Asimismo, le solicitó dialogar sobre los términos de la entrega de los recursos y le aseguró que desde el inicio de su administración ha trabajado en un plan de austeridad y transparencia en el PJF.
La propuesta del presidente López Obrador se dio a conocer el pasado 28 de octubre, cuando anunció que había enviado una iniciativa al Congreso para eliminar 109 fideicomisos públicos, entre ellos los del PJF, con el fin de reorientar los recursos a las necesidades prioritarias del país, como la salud, la educación y la seguridad.
El huracán Otis azotó el estado de Guerrero el pasado 23 de octubre, dejando un saldo de al menos 15 muertos, decenas de heridos y miles de damnificados. El fenómeno meteorológico también causó severos daños en la infraestructura, la agricultura y el turismo de la entidad.
El gobierno federal ha declarado zona de desastre a 81 municipios de Guerrero y ha activado el Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) para brindar apoyo a los afectados. Sin embargo, se estima que se requieren al menos 20 mil millones de pesos para la reconstrucción total del estado.
La decisión de la SCJN ha sido recibida con beneplácito por el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, quien agradeció al presidente López Obrador y a la ministra Piña por su solidaridad con el pueblo guerrerense. Asimismo, expresó su confianza en que los recursos se entreguen lo antes posible y se apliquen con eficiencia y transparencia.
Por otro lado, la medida ha generado críticas por parte de algunos sectores de la sociedad civil y de la oposición política, quienes han cuestionado la legalidad y la conveniencia de usar los fondos del PJF para fines distintos a los que fueron creados. Además, han señalado que los fideicomisos eran una garantía de autonomía e independencia del Poder Judicial frente al Poder Ejecutivo.
La iniciativa del presidente López Obrador aún debe ser aprobada por el Congreso, donde se espera un intenso debate entre las fuerzas políticas. Mientras tanto, la SCJN ha manifestado su voluntad de cooperar con el gobierno federal para atender la situación crítica que enfrenta Guerrero tras el paso del huracán Otis.
