La Auditoría Superior del Estado (ASE) solicitó al Gobierno de Puebla fincar responsabilidades administrativas sancionatorias en contra de servidores públicos de la administración pública estatal por la realización de inversiones de más de mil millones de pesos pertenecientes a la Cuenta Pública 2022.
Estas anomalías estarían relacionadas con la falta de claridad en la inversión en el Banco Accendo, realizadas en septiembre de 2021, por la Secretaría de Planeación y Finanzas a cargo de María Teresa Castro Corro, y que fue considerado uno de los principales escándalos económicos de la administración barbosista.
En el informe individual de la cuenta pública del Poder Ejecutivo, la Auditoría planteo que el gobierno del Estado debe iniciar con cinco promociones de responsabilidades administrativas sancionatorias por manejo irregular de los recursos de la entidad.
Entre estas cinco promociones de responsabilidades administrativas que planteó la auditoría, destaca la referente al rubro de Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2022, respecto del apartado “Notas al Estado de Situación Financiera”.
En este se identificó que el rubro Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo se erogaron mil 117 millones 810 mil 357 pesos, el cual incluye el
reconocimiento de Inversiones Financieras por Recuperar, mismo que integra la cuenta de Deudores Diversos a Largo Plazo del ejercicio 2022.
Aunque en el momento de la revisión de la Cuenta Pública 2022 se presentó la desagregación por deudor con su respectivo importe, la información del ejercicio 2021 no mostró el mismo detalle de integración.
Por ello, se constató que la información presentada en el ejercicio 2021 no expresó las características cualitativas relevantes de la citada cuenta, lo que derivó en el incumplimiento al Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, por lo que se consideró que se incumplió con las cualidades de la información financiera a producir de confiabilidad, comparabilidad, relevancia, entre otros, por lo que se advirtió la inobservancia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
“0221-22-80/30-CP-PRAS-01 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria: Para que la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Puebla, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de las personas servidoras públicas que, en su gestión no presentaron las características cualitativas relevantes de la cuenta de Deudores Diversos a Largo Plazo, en las Notas a los Estados Financieros, con fundamento en los artículos 21, 22, 33, 44 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; así como Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental (revelación suficiente, consistencia, e importancia relativa); además, incumplió con las cualidades de la información financiera a producir, es decir, confiabilidad, comparabilidad y relevancia”, expuso la ASE en el informe de la Cuenta Pública 2022 del Poder Ejecutivo.
El escándalo de Banco Accendo
En 2023, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina dio a conocer irregularidades en inversiones realizadas por el gobierno de Puebla en el año 2021
En el periodo del 9 de junio al 7 de septiembre del 2021, la Secretaría de Planeación y Finanzas liderada por Teresa Castro Corro realizó 14 inversiones en el Banco Accendo, de las cuales, 11 resultaron exitosas por alrededor de 3 mil 6 millones 127 mil pesos, mientras que, los últimos tres movimientos bancarios por un poco más de 600 millones de pesos, se vieron afectados porque la institución financiera fue declarada en quiebra.
Esta situación fue confirmada por la entonces funcionaria estatal en una comparecencia ante los diputados del Congreso del Estado, quienes le realizaron señalamientos por “jugar con el dinero de los poblanos” en una institución bancaria que fue creada a partir de personas ligadas con Carlos Djemal, principal socio del Banco Inverlat, detenido en Estados Unidos por presunto lavado de dinero en 2016.
En el documento que la funcionaria entregó a los diputados locales previo a su comparecencia ante el Pleno argumentó que las operaciones bancarias se realizaron debido a que la institución financiera contaba en ese momento con las autorizaciones vigentes por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para operar en el país.
En el mes de junio se realizaron ocho de las operaciones, dos mas en julio, una más en agosto y las tres restantes en septiembre, por montos entre 200 y 400 millones de pesos, las cuales dejaron ganancias por 7 millones 428 mil 722 pesos.
Las inversiones hechas el 7 de septiembre del 2021 por la cantidad de 606 millones 127 mil 503 pesos resultaron se perdieron debido a que el día 28 la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores revocó la autorización a Banco Accendo por incumplimiento al mínimo de capitalización de la institución financiera.
La entonces funcionaria estatal argumentó que el propósito de los rendimientos financieros generados por estas inversiones serían destinadas al Fondo de Reserva Financiera para Contingencias Jurídico–Contenciosas para afrontar emergencias sin que se vieran afectados programas presupuestales del gobierno estatal.
La titular de Planeación y Finanzas no esclareció si se recuperaría el recurso invertido debido a que serían otras autoridades las que determinarían el monto que la administración podrá recuperar, por lo que advirtió que será un proceso largo para la administración pública estatal.
Castro Corro justificó la elección del Banco Accendo al señalar que en su momento de su inversión la Comisión Nacional Bancaría y de Valores otorgaba una buena calificación crediticia y no alertaba un riesgo de quiebra, además de que fue la que contaba con el mejor porcentaje de rendimiento ofrecido en ese momento al otorgar 1.5 por ciento más rendimiento que lo que ofrecía el mercado.
Cuando el banco se declaró en quiebra contaba con 518 clientes en cuenta, entre ellos el gobierno estatal de Puebla, por lo que comenzó el proceso de liquidación, por lo que la autoridad federal sostuvo que el 96% de los ahorradores recuperarían la totalidad de su dinero invertido.
