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La iniciativa plantea medidas para evitar el gasto sin justificación del presupuesto de los gobiernos municipales y estatal.
El diputado Julio Miguel Huerta Gómez propuso la Ley de Austeridad Republicana para el Estado de Puebla y sus Municipios para garantizar el uso responsable de recursos públicos.
En sesión ordinaria del Pleno, el diputado de Morena presentó esta propuesta de ley para generar reglas para el ejercicio eficiente y transparentes de recursos.
El presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado señaló ir esta ley ya existe en 15 estados.
La propuesta busca que se genere un marco para la racionalización del gasto sin afectar la calidad de los servicios públicos.
Julio Huerta señalo que esta propuesta está sustentada en la política de gobierno implementada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El diputado externó que la Ley de Austeridad Republicana se integra siete capítulos que regulan el ejercicio responsable de recursos.
En la iniciativa se define la austeridad como la optimización del gasto, sin sacrificar calidad ni funcionalidad.
Se contempla la planeación y racionalización del gasto como la obligación a realizar diagnósticos de calidad y costo–beneficio en adquisiciones mayores.
Asimismo, las contrataciones y administración de recursos es la priorización de bienes y servicios que maximicen el valor público y prohíben privilegios o lujos para funcionarios.
Los viáticos y viajes oficiales se otorgarán bajo criterios estrictos de necesidad, eficiencia y comprobación.
Para la creación de fideicomisos y mecanismos financieros en el estado se establecen su total sujeción a fiscalización para evitar que sean mecanismos opacos.
Se creará el Comité Estatal de Evaluación de Austeridad, un órgano encargado de supervisar el cumplimiento de la Ley en todo el estado.
También se incluyen sanciones y responsabilidades, las cuales estarán catalogarán como faltas administrativas graves el uso indebido de recursos, las adquisiciones injustificadas y dispendio de dinero sin sustento.
Los ahorros generados por las autoridades deberán invertirse en infraestructura pública y desarrollo institucional del personal estatal y municipal.