Movimiento Ciudadano (MC) propuso candados para evitar que la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración repita inversiones fallidas como la de Accendo Banco.
La representante legislativa de MC, Fedrha Suriano Corrales, presentó reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado.
La propuesta busca que la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración, así como sus titulares o servidores públicos. y que no puedan realizar inversiones o colocaciones de recursos públicos en instrumentos financieros de riesgo.
Solo podrán llevar a cabo esto cuando se cuente con autorización de la mayoría absoluta del Congreso del Estado, previa solicitud fundada y motivada de la persona titular del Poder Ejecutivo.
La iniciativa plantea que se exceptúen únicamente las operaciones financieras necesarias para la custodia, administración y flujo operativo del gasto público.
Esto se podrá hacer siempre que sea en cuentas bancarias o instrumentos de disponibilidad inmediata y sin riesgo de pérdida del capital, instituciones financieras reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Fedrha Suriano recordó que Puebla tuvo afectaciones económicas significativas por una inversión fallida hecha por la Secretaría de Planeación y Finanzas.
Recordó que cuando se hizo la inversión en Accendo Banco ya existía una alerta de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
A los pocos meses de que se hizo esta inversión el banco se declaró en bancarrota y las inversiones hechas se perdieron.
“Ese dinero de todas y todos los poblanos debido destinarse a escuelas, hospitales, carreteras o servicios públicos, en cambio, se perdió por una decisión que nunca debió hacerse”, externó.
La diputada de MC enfatizó que actualmente la ley tiene un vacío legal que permite la libre actuación de esta dependencia sin rendir cuentas a nadie.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio.
Recientemente inhabilitada por 20 años debido a el daño patrimonial ocasionado al patrimonio del Estado por la inversión fallida en Accendo Banco.
