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Puebla ocupa el tercer lugar a nivel nacional en incidencia de robo de autopartes, con una tasa de 161 denuncias por cada millón de habitantes.
En el congreso del Estado se analizará castigar hasta con ocho años de cárcel el robo de autopartes en Puebla.
En la pasada sesión del Pleno, se presentó una iniciativa de reforma el artículo 373, e incorporar el 375 Bis del Código Penal del Estado.
La propuesta de reforma fue presentada por el diputado Andrés Villegas señalando que en Puebla el robo de partes de un vehículo automotor solo modifica la pena.
El legislador expuso que Puebla ocupa el tercer lugar a nivel nacional en incidencia de robo de autopartes, con una tasa de 161 denuncias por cada millón de habitantes.
Puebla por debajo de la CDMX en robo de autopartes
La entidad poblana se coloca solo por debajo de Ciudad de México y Morelos, concentrando junto con el Estado de México el 73 por ciento de robos de autopartes en el país.
El diputado local refirió que en estados como Ciudad de México, el Estado de México, Nuevo León, Hidalgo y Jalisco ya se castiga el robo de autopartes como delito autónomo.
Señaló que en Puebla este delito ha generado un efecto “llamada”, al ser una entidad de bajo riesgo legal para quienes cometen robo de autopartes, lo que agrava la impunidad de esta acción.
La iniciativa plantea que comete el delito de robo de autopartes quien, sin consentimiento de quien legalmente pueda disponer de ellas, se apodere de una o varias partes, componentes, accesorios o piezas de un vehículo automotor ajeno.
Quien cometa robo de autopartes en Puebla se le impondrán de 4 a 8 años de prisión y de 300 a 600 Unidades de Medida y Actualización (UMA) de multa.
Por otra parte, si el hecho se cometiere empleando violencia sobre las personas, se aplicará lo dispuesto para el robo calificado.
Si participa algún servidor público con funciones de prevención, investigación o persecución del delito, además de las penas previstas en el presente artículo, se le inhabilitará para ejercer cargos, empleo o comisión públicos hasta por 20 años.
La iniciativa fue turnado a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y dictaminación.
