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El presidente de la JUGOCOPO afirmó que el Poder Legislativo escuchará todas las posturas, luego del rechazo expresado por la Arquidiócesis de Puebla.
El presidente de la JUGOCOPO del Congreso del Estado de Puebla, Pável Gaspar, aseguró que el Poder Legislativo continuará con el análisis de la iniciativa con respeto a todas las opiniones y sin descalificar ninguna postura, luego de que la Arquidiócesis de Puebla se pronunciara en contra de la reforma sobre infancias trans.
El legislador señaló que las y los diputados escucharán los argumentos de quienes respaldan la reforma y también de quienes manifiestan su desacuerdo, al considerar que se trata de un tema que debe discutirse con apertura y responsabilidad.
Asimismo, aclaró que la propuesta no nació por iniciativa del Congreso de Puebla, sino que responde a la obligación de armonizar la legislación estatal con una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Pável Gaspar explicó que el origen del tema se remonta a una sentencia emitida por la SCJN cuando Norma Piña Hernández era ministra y posteriormente presidenta del máximo tribunal del país. Indicó que dicha resolución, impulsada en el marco de la protección de los derechos humanos, establece criterios que las entidades federativas deben atender, por lo que el Congreso poblano está obligado a adecuar su marco jurídico.
“Somos respetuosos, escuchamos todas las voces, tanto las que están a favor como las que están en contra. Seguiremos atendiendo todas las opiniones“, expresó el presidente de la JUGOCOPO.
Las declaraciones se producen después de que la Arquidiócesis de Puebla manifestara su rechazo a la denominada “Ley de Infancias Trans”. En su posicionamiento, la Iglesia católica sostuvo que la identidad sexual no puede desvincularse de la realidad biológica y pidió a las y los legisladores detener la reforma, al considerar que podría dar paso a decisiones irreversibles durante la niñez y la adolescencia.
Actualmente, el Congreso del Estado analiza las modificaciones a la legislación local para armonizarla con los criterios establecidos por la SCJN en materia de identidad de género para personas menores de edad, en cumplimiento de resoluciones judiciales.












