En 60 segundos
La iniciativa de reforma plantea tipificar como transhomicidios en Puebla aquellos asesinatos de personas por motivos de odio, rechazo, discriminación o cu…
En el Congreso del Estado se presentó una iniciativa para castigar los transhomicidios en Puebla con hasta 90 años de cárcel.
El presidente del Congreso, Pavel Gaspar Ramírez, y la diputada de Nueva Alianza Puebla, Leonela Martínez Ayala, presentaron una reforma al Código Penal local.
Los legisladores expusieron que la violencia contra expresiones de género diversas constituye una problemática grave dentro de la sociedad.
Los diputados locales enfatizaron que deben generarse mecanismos para atenderla y castigar los actos de violencia en su contra.
Los diputados locales refirieron que las personas identificadas como transgénero son las que más ataques reciben en Puebla.
Los diputados consideraron que se debe tipificar los homicios en contra de las personas trans en el estado.
La iniciativa de reforma plantea tipificar como transhomicidios en Puebla todos aquellos asesinatos de personas trans por motivos de odio, rechazo. Así como discriminación o cualquier otro prejuicio que deriven de su identidad sexual.
“Comete el delito de transhomicidio quien prive de la vida a una persona trans, cuando la conducta sea motivada por odio, rechazo, desprecio, discriminación o prejuicio relacionados con su identidad o expresión de género, reales o percibidas, independientemente del sexo asignado al nacer”.
Se plantea una pena mínima de 40 años de prisión y una máxima de 60 años para quienes resulten responsables de ese delito. Y multas de 58 mil 655 a 117 mil 310 pesos.
Cuando intervengan más de dos personas, exista una relación de confianza o subordinación, los hechos sean cometidos por un servidor público. La víctima se encuentre en estado vulnerable o se haya presentado violencia extrema, la pena se elevará en una mitad.
En esos casos, las penas podrían ir de los 60 hasta los 90 años de prisión por transhomicidios en Puebla.
La iniciativa de reforma fue tornada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y dictamen correspondiente.