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La mayoría de los incidentes se registraron en 51 municipios, destacando Amozoc, Puebla, San Martín Texmelucan y Tehuacán.
En el primer año de gobierno de Alejandro Armenta Mier se consumaron 2 linchamientos en Puebla durante 2025.
El mandatario estatal entregó este 13 de diciembre su primer informe de gobierno ante los diputados del Congreso de Puebla.
En este informe, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) dio cuenta de su actuación para mantener la paz y gobernabilidad en la entidad.
En el transcurso del primer año de gobierno de Alejandro Armenta se registraron 152 intentos de justicia por propia mano.
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Para propiciar la paz social y el bienestar colectivo, se actualizó el Protocolo de Actuación para Casos de Intento de Linchamiento en el estado.
De los 152 incidentes de actos de justicia por propia mano, el Protocolo fue activado en 117 de ellos. Mientras que en 35 casos no fue necesario debido a que las partes involucradas lograron acuerdos sin que se generaran mayores conflictos.
Del total de incidentes registrados en Puebla, 141 fueron retenciones de personas, es decir, el 92.76 por ciento.
Fueron 9 casos Intentos de linchamiento, equivalente al 5.92 por ciento; y se consumaron 2 linchamientos durante 2025, que representaron el 1.31 por ciento.
Los incidentes se registraron en 51 municipios del estado, destacando Amozoc, Puebla, San Martín Texmelucan y Tehuacán como los de mayor incidencia.
El Gobierno del Estado encabezó 74 mesas de mediación y 138 audiencias, reduciendo conflictos sociales y políticos. Además de prevenir movilizaciones que derivaran en alteraciones al orden público.
“Gracias a la oportuna aplicación del Protocolo, se logró salvaguardar la integridad física de las personas retenidas y permitir que las autoridades competentes determinaran su situación jurídica, lo que contribuyó a mantener la paz social en la entidad federativa”, indicó la dependencia en el informe.
En el esquema de estrategias de atención a incidentes por retenciones se impartieron capacitaciones a 935 personas, entre delegados de gobierno y policías preventivos del estado, quienes replicaron la información en los ayuntamientos, oficinas foráneas e instituciones que lo solicitaron.
Con ello, se logró mejorar la coordinación interinstitucional, fortalecer la respuesta inmediata y salvaguardar el Estado de Derecho.