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El diputado Julio Miguel Huerta Gómez presentó una iniciativa para incorporar la figura de revocación de mandato del gobernador de Puebla. En sesión de la…
El diputado Julio Miguel Huerta Gómez presentó una iniciativa para incorporar la figura de revocación de mandato del gobernador de Puebla.
En sesión de la Comisión Permanente del Congreso local, el legislador de Morena propuso reformas a la Constitución Política del Estado.
El presidente de la Comisión de Gobernación explicó que esta reforma busca reforzar la participación de los ciudadanos.
Comentó que para elaborar la iniciativa contaron con apoyo de la Consejería Jurídica del Gobierno estatal y de la propuesta del gobernador Alejandro Armenta cuando fue senador.
“Tenemos en Puebla un gobernador profundamente demócrata. Esto es la razón por la que hoy esta iniciativa tiene participación, dirección y respaldo parlamentario”.
¿En qué consiste la revocación de mandato del gobernador en Puebla?
La propuesta considera la revocación de mandato como un derecho ciudadano para decidir si un mandatario debe concluir anticipadamente su gestión por pérdida de confianza.
Aplicaría solo al Gobernador del Estado, no a cargos como alcaldes o diputados.
Ciudadanos podrán solicitarla si al menos el 10 % del padrón electoral, distribuidos en la mitad más uno de los municipios, lo pide.
Solo podrán presentar la petición una vez, en los tres meses posteriores al tercer año de gestión del Ejecutivo estatal.
El Instituto Electoral del Estado (IEE) organizaría la jornada tras validar los requisitos.
La votación se realizaría 90 días después de la convocatoria, en fecha distinta a elecciones ordinarias. El voto sería libre, directo y secreto.
Para que sea válida, necesitará participación de al menos el 40 % del electorado, y la revocación deberá obtener mayoría absoluta.
El Tribunal Electoral del Estado supervisaría el proceso y emitiría la declaratoria de revocación si corresponde.
¿Quién asumiría el cargo si se revoca al gobernador?
Si revocan el mandato, la Secretaría de Gobernación quedaría a cargo de forma provisional hasta que el Congreso nombre a la persona sustituta.
La propuesta también establece límites para evitar mal uso de recursos y medios.
Se prohíbe contratar propaganda en radio y TV para influir en el resultado y usar recursos públicos para recolectar firmas o promover la consulta.
Durante el proceso se suspendería toda propaganda gubernamental, salvo la relacionada con servicios esenciales.
