En el Congreso de Puebla se analizará castigar hasta con 12 años de cárcel el robo de identidad por cualquier medio.
El diputado Oscar Mauricio Céspedes Peregrina, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado para tipificar y sancionar el delito de usurpación de identidad.
En su exposición, el legislador señaló que de acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), el robo de identidad en Puebla ha crecido 150 por ciento cada año.
Manifestó que esto lo que lo convierte en un fenómeno delictivo en expansión, con graves consecuencias legales, financieras y sociales para las víctimas.
Mauricio Céspedes dijo que la legislación actual no cuenta con una tipificación clara que para sancionar la usurpación de identidad, falsificación de documentos, apropiación ilícita de datos personales y el hacerse pasar por otra persona para realizar trámites o delitos.
“Hoy en día este delito ya está tipificado en estados como Jalisco, Nuevo León, Ciudad de México, Sinaloa, Baja California y Zacatecas. Puebla no puede quedarse atrás”, subrayó.
Por eso, se propone establecer que comete el delito de usurpación de la identidad quien se atribuya por cualquier medio la identidad de otra persona u otorgue su consentimiento para llevar a cabo la usurpación de su identidad, con el fin de obtener lucro o producir un daño patrimonial o moral.
Las penas aumentarían si la persona cuanta con graos académicos o parecido con la victima
La iniciativa propone sancionar con prisión de tres a ocho años y multa de mil a 2 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA).
La pena aumentará hasta en una mitad en contra de quien se valga de la homonimia, parecido físico o similitud de la voz para cometer el delito.
También aumentará en una mitad en el supuesto en que el sujeto activo del delito tenga licenciatura, ingeniería o cualquier otro grado académico en el rubro de informática, computación o telemática.
En ambos casos, la pena máxima por el robo de identidad en Puebla podría llegar hasta los 12 años de cárcel.
La iniciativa de reforma fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de justicia para su estudio.
