La diputada Nora Merino Escamilla presentó en la Cámara de Diputados la Ley Monzón, una reforma que nació en Puebla y busca proteger la custodia de infancias víctimas de feminicidio.
Desde el Congreso de la Unión, la legisladora del Partido del Trabajo (PT) propuso esta reforma al Código Penal Federal en una conferencia de prensa celebrada en San Lázaro.
Merino explicó que la iniciativa modifica los artículos 444 fracción VII y 325 párrafo quinto del Código Penal Federal. Su objetivo es impedir que los agresores de mujeres víctimas de feminicidio conserven la patria potestad de sus hijas e hijos.
La diputada enfatizó que esta propuesta pone al interés superior de la niñez en el centro de todos los procesos judiciales relacionados con estos delitos.
Ley Monzón, reforma surgida en Puebla
Merino recordó que esta reforma surgió en Puebla tras el feminicidio de Cecilia Monzón Pérez, abogada y activista asesinada el 21 de mayo de 2022.
Aunque el crimen fue ejecutado por dos sujetos en motocicleta, las autoridades identificaron como autor intelectual a su ex pareja, Javier López Zavala, con quien ella enfrentaba un proceso legal por pensión alimenticia.
“Esta ley es por Cecilia, por Helena, por todas las mujeres víctimas de feminicidio y por sus hijas e hijos, que merecen vivir sin violencia ni el yugo legal de quienes les arrebataron a sus madres”, declaró la diputada.
Por su parte, Helena Monzón, hermana de la víctima, destacó que esta reforma responde a un vacío legal que no protegía la custodia de menores en estos casos.
Explicó que, cuando ocurrió el feminicidio de su hermana, la ley le otorgaba automáticamente la patria potestad al presunto feminicida, dejando a los niños en manos del agresor.
“Estamos buscando una sentencia condenatoria contra Javier López Zavala, quien legalmente aún conserva derechos sobre el hijo de mi hermana”, señaló.
Ley Monzón en Cámara de Diputados: ¿Qué establece la legislación?
Merino detalló que la Ley Monzón tiene tres objetivos principales:
- Suspender inmediatamente la patria potestad al dictarse vinculación a proceso por feminicidio, tentativa de feminicidio o violencia familiar grave.
- Extinguir de manera definitiva la patria potestad y guarda y custodia al emitirse sentencia condenatoria.
- Prohibir la custodia, tutela o régimen de convivencia a favor del feminicida o agresor.
