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Mario Riestra cuestionó que el caso de Tlaola reciba mayor atención que los hallazgos registrados en Juan Galindo y Huauchinango, donde también han surgido…
El dirigente estatal del PAN, Mario Riestra Piña, acusó que las autoridades estarían aplicando “dos varas” en las investigaciones relacionadas con el hallazgo de granjas de criptomonedas en Puebla, al considerar que el caso de Tlaola ha recibido una atención distinta por tratarse de un municipio gobernado por un panista, Simón Garrido Morgado.
Riestra sostuvo que la investigación debe realizarse con la misma severidad, prontitud y profundidad en todos los casos, independientemente del partido político al que pertenezcan las autoridades municipales involucradas.
Como ejemplo, señaló los casos registrados en Juan Galindo y Huauchinango, donde, afirmó, también han surgido señalamientos que involucran a actores vinculados con Morena o incluso a funcionarios estatales, sin que se haya observado el mismo nivel de atención pública y de investigación que actualmente existe en Tlaola.
El líder panista subrayó que el hecho de que Simón Garrido Morgado gobierne Tlaola bajo las siglas del PAN no implica por sí mismo una vinculación del Ayuntamiento con la operación de la granja de criptomonedas, por lo que pidió evitar conclusiones anticipadas y respetar la presunción de inocencia.
No obstante, consideró que la diferencia en el tratamiento de los distintos casos puede generar la percepción de que el tema está siendo politizado.
“Tenemos que ser muy prudentes”, planteó Riestra, al tiempo que llamó a las autoridades a investigar todos los hallazgos bajo los mismos criterios y sin distinciones partidistas.
El dirigente panista también retomó señalamientos periodísticos sobre una posible relación de un legislador de Morena con algunos de estos casos, aunque enfatizó que corresponde a las autoridades determinar cualquier responsabilidad mediante las investigaciones correspondientes.
Riestra insistió en que si existen elementos para investigar una granja de criptomonedas en Tlaola, también deben revisarse con la misma profundidad los casos de Juan Galindo y Huauchinango, para evitar que la aplicación de la ley dependa de quién gobierna cada municipio.
