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Julio Huerta señaló que a los agentes de seguridad se les exige actuar con valor y sacrificio, pero son tratados con desconfianza y prejuicios
La bancada de Morena en el Congreso local propuso la reinstalación de policías y agentes ministeriales destituidos de manera injustificada en Puebla.
El diputado Julio Miguel Huerta Gómez propuso el segundo párrafo de la fracción XIII del Apartado B del Artículo 123. Esto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El objetivo es revertir la prohibición absoluta que impide la reincorporación de agentes ministeriales, peritos. Además de miembros de instituciones policiales que hayan sido separados de su cargo de manera injustificada.
El legislador morenista señaló que se busca corregir una injusticia señalada por legisladores federales.
Señaló que la Constitución establece que, si una autoridad jurisdiccional resuelve que la terminación del servicio, sea separación, remoción, baja o cese, fue injustificada, el Estado solo estará obligado a pagar la indemnización sin que proceda su reincorporación al servicio.
Iniciativa busca darle justicia a elementos de seguridad dados de baja injustamente
El diputado local expresó que los agentes de seguridad se les exige actuar con valor y sacrificio, pero son tratados con desconfianza y prejuicios.
Agregó que en muchas ocasiones no se les informa de los resultados de los exámenes de control y confianza, sin saber en qué pueden mejorar en su trabajo.
“A los elementos de seguridad pública se les exige todo: valor, sacrificio, disciplina, entereza, incluso poner en riesgo su propia vida. Sin embargo, con demasiada frecuencia, lo que reciben a cambio son desconfianza, desprecio y normas que los colocan fuera del amparo del derecho”, dijo.
Julio Huerta apuntó que esta prohibición absoluta rompe con el principio de reparación integral, que exige restituir a la persona en el goce de sus derechos violados.
La iniciativa plantea modificar el Artículo 123, B, fracción XIII, para que, en caso de que la autoridad jurisdiccional competente determine que la terminación del servicio fue injustificada.
Asimismo, la autoridad responsable a la que pertenecía estará obligada a pagar las prestaciones que hubiere dejado de percibir la persona separada. Además de dejar a salvo sus derechos para reincorporarse a la Institución de Seguridad perteneciente.
En caso de no querer su reincorporación al cuerpo de seguridad asignado previamente, el afectado podría solicitar su indemnización en términos de ley.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen respectivo.
