El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) atraviesa por su tercera crisis en los últimos cinco años, que culminó con la elección de Mónica Aralí Soto Fregoso como magistrada presidenta desde el 1º de enero de 2024. Soto Fregoso contó con el apoyo de Felipe Fuentes Barrera y Felipe de la Mata Pizaña, los mismos que presionaron a Reyes Rodríguez Mondragón para que renunciara al cargo por pérdida de confianza. Rodríguez Mondragón, quien había asumido la presidencia en julio de 2021 tras la destitución de José Luis Vargas, recibió los votos en contra de Janine Otálora Malassis y de él mismo. Otálora, quien se encontraba en Europa, también había sido obligada a renunciar en 2019 por el caso de la elección de Puebla.
La decisión se tomó en una sesión privada realizada en las instalaciones de la sala superior del TEPJF, donde se divulgó una fotografía de los magistrados, con semblantes serios. La próxima presidenta del máximo órgano electoral del país, quien tendrá la responsabilidad de validar, en su caso, las elecciones federales de 2024, incluida la de la Presidencia de la República, pidió a sus colegas impulsar un trabajo coordinado y prometió una transición ordenada para que este cambio no impacte negativamente en el proceso electoral en curso.
En una reunión posterior con Rodríguez Mondragón, quien concluirá su gestión el próximo 31 de diciembre, acordaron iniciar los trabajos para una transición administrativa ordenada a fin de dar certeza y confiabilidad a las labores del tribunal.
La sesión para elegir a Soto Fregoso ocurrió casi dos semanas después de complicarse la crisis en el TEPJF, pues el lunes 4 de diciembre el magistrado presidente acudió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a presentar su informe anual, pero sus colegas Soto Fregoso, De la Mata Pizaña y Fuentes Barrera no asistieron. En cambio, a esa misma hora publicaron una fotografía en la que aparecen los tres en un restaurante.
La crisis del TEPJF ha generado preocupación y críticas por parte de diversos actores políticos, sociales y académicos, que han cuestionado la independencia, imparcialidad y profesionalismo de los magistrados, así como la estabilidad y legitimidad del sistema electoral mexicano.
