El juez Décimo Segundo de Distrito en Chihuahua, Juan Fernando Luévano, concedió una suspensión provisional para que se detenga la aplicación de la reforma que elimina 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF), que suman más de 15 mil millones de pesos.
La reforma, aprobada por el Congreso de la Unión, establece que los recursos de los fideicomisos deben ser transferidos a la Tesorería de la Federación (Tesofe) y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
El juez ordenó al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), a la SHCP y a la Tesofe que se abstengan de cancelar o extinguir los fideicomisos y que garanticen su continuidad, operación y administración conforme a las reglas de cada uno.
Asimismo, les prohibió entregar o transferir los recursos de los fideicomisos a cualquier autoridad dependiente del Ejecutivo federal o de las propias entidades fiduciarias, salvo para su operación.
La suspensión provisional estará vigente hasta el 9 de noviembre, fecha en la que el juez realizará la audiencia incidental para resolver si concede o no la suspensión definitiva.
La reforma ha generado inconformidad entre los trabajadores del PJF, quienes han realizado paros y marchas para exigir su derogación. Argumentan que los fideicomisos son necesarios para garantizar su seguridad social, capacitación, vivienda y pensiones.
Por su parte, el gobierno federal ha defendido la reforma como una medida de austeridad y combate a la corrupción. Ha señalado que los fideicomisos son opacos y privilegian a una minoría.
