Morena decidió no convocar al senador Enrique Inzunza a las sesiones de la Comisión Permanente en el senado para evitar una confrontación política sin embargo, mantendrá intactas sus percepciones económicas como integrante de la Cámara Alta.
El senador Enrique Inzunza permanecerá alejado de las sesiones de la Comisión Permanente durante el actual periodo de receso legislativo; sin embargo, continuará recibiendo íntegramente su salario y prestaciones como integrante de la Cámara de Senadores.
Así lo confirmó el coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier Velazco, quien explicó que la decisión de no convocar al legislador sinaloense responde a la intención de evitar que las sesiones se conviertan en un espacio de confrontación política y mediática derivada de los señalamientos que enfrenta tanto en Estados Unidos como a nivel nacional.
Pese a quedar excluido de las actividades de la Comisión Permanente, Inzunza mantendrá sus ingresos como senador. Mier precisó que seguirá cobrando la dieta legislativa y los apoyos económicos correspondientes a su cargo, aunque actualmente los pagos se realizan mediante cheque debido al bloqueo de sus cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
De acuerdo con Ignacio Mier, Enrique Inzunza no será convocado por la bancada morenista durante el resto del receso legislativo, por lo que su regreso a las actividades ordinarias del Senado está previsto para el próximo 1 de septiembre, cuando inicie el nuevo periodo de sesiones.
Cabe señalar que el senador sinaloense enfrenta investigaciones y señalamientos tanto en Estados Unidos como en México. En territorio estadounidense es investigado por presuntos vínculos con el crimen organizado y supuestas relaciones con integrantes del Cártel de Sinaloa, especialmente por presunta protección al grupo conocido como “Los Chapitos”. Además, ha sido mencionado en indagatorias relacionadas con tráfico de drogas y otros delitos vinculados al narcotráfico.
En el ámbito nacional también enfrenta acusaciones por presunto acoso sexual y hostigamiento, derivadas de hechos denunciados durante su etapa al frente del Poder Judicial de Sinaloa entre 2017 y 2018.
