El Congreso local trabaja en reformas a la Ley del Agua Puebla para establecer sanciones específicas contra la empresa Agua de Puebla para Todos, en caso de incumplimiento de su título de concesión.
Laura Artemisa García Chávez, presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, confirmó que se revisará el marco legal para asegurar que la empresa cumpla con sus obligaciones.
La diputada, también coordinadora de Morena, coincidió con el gobernador Alejandro Armenta Mier en que cancelar la concesión no es viable, debido a su alto costo.
El mandatario estatal explicó que revertir el contrato costaría más de 10 mil millones de pesos al estado.
Por ello, la estrategia legislativa se enfoca en fortalecer la Ley para garantizar que el servicio sea eficiente.
García Chávez informó que, durante la próxima comparecencia de la empresa, se revisará el costo de una eventual terminación del contrato.
Destacó que muchos habitantes de la capital no reciben el servicio de forma adecuada, y es necesario aplicar medidas correctivas.
La legisladora planteó que las sanciones deben basarse en criterios medibles, como el tiempo de respuesta o la calidad del servicio, para poder ser efectivas.
“No existía las sanciones, el problema es que donde revisemos solamente se le pedía cuentas pero no hay sanciones, y es justamente lo que debemos revisar porque deben existir sanciones específicas, ponerle uñas a la ley de tal manera que tengan que responder, sobre todo porque estamos hablando de un derecho”, apuntó
Subrayó que antes no existían sanciones concretas, por lo que urge “ponerle uñas a la ley” y hacerla exigible.
Además, señaló que esta reforma a la Ley del Agua Puebla incluirá una revisión del convenio modificatorio aprobado meses atrás.
Finalmente, informó que solicitarán a la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal establecer una fecha para la comparecencia de la empresa. Esta reunión podría celebrarse en las primeras semanas de octubre.
