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El Instituto Electoral del Estado plantea una reforma que le permita firmar convenios con la Fiscalía y otras autoridades para verificar antecedentes de as…
El Instituto Electoral del Estado plantea una reforma que le permita firmar convenios con la Fiscalía y otras autoridades para verificar antecedentes de aspirantes a cargos públicos y evitar la infiltración de perfiles vinculados con actividades delictivas.
Guadalupe Juárez Guarneros
La presidenta provisional del Instituto Electoral del Estado (IEE), Christian Mariana Ceballos, respaldó una propuesta de reforma electoral que busca fortalecer los mecanismos de control para impedir que personas vinculadas con el crimen organizado participen como candidatos en los procesos electorales de Puebla.
Esta iniciativa contempla modificar el marco legal para que el organismo electoral pueda celebrar convenios de coordinación y colaboración con la Fiscalía General del Estado y otras instituciones de procuración de justicia, con el objetivo de acceder a información reservada sobre quienes aspiren a un cargo de elección popular.
Ceballos explicó que actualmente el IEE carece de facultades para solicitar o consultar información relacionada con investigaciones, antecedentes o posibles vínculos delictivos de las personas candidatas, debido a que estos datos están protegidos por disposiciones legales de confidencialidad.
“Lo que busca esta reforma es ir un poco más allá para evitar que existan vínculos entre el crimen organizado y las campañas o candidaturas”, señaló.
La presidenta provisional indicó que, de aprobarse la reforma, el Consejo General o la Secretaría Ejecutiva del instituto podrían realizar solicitudes formales de información a las autoridades competentes para verificar la integridad de quienes busquen participar en las elecciones.
Añadió que el propósito es fortalecer los filtros de elegibilidad y garantizar que ningún aspirante cuente con antecedentes o investigaciones que comprometan la legalidad y transparencia de los procesos electorales.
Ceballos recordó que cualquier modificación a las reglas electorales deberá estar aprobada al menos 90 días antes del inicio formal del proceso electoral de 2027, previsto para noviembre de 2026. Por ello, la reforma tendría que quedar lista a más tardar en septiembre de 2026, permitiendo que partidos políticos, autoridades y aspirantes conozcan con anticipación las nuevas disposiciones.
La propuesta se encuentra alineada con la reforma electoral federal que plantea la creación de mecanismos de verificación de integridad para las candidaturas, así como mayores controles para detectar posibles nexos con organizaciones criminales o el uso de recursos de procedencia ilícita en campañas políticas.
Actualmente, la Constitución federal ya contempla como causal de nulidad de una elección la comprobación del uso de recursos ilícitos durante los procesos electorales, por lo que esta iniciativa busca reforzar las medidas preventivas desde la etapa de registro de candidaturas.
