De 2018 a 2022, la Auditoría Superior del Estado (ASE) detectó 10 presuntas faltas administrativas graves y mantiene abiertas 274 investigaciones contra gobiernos municipales y entes paraestatales.
Lo anterior se desprende del Reporte Semestral del estado que guarda la solventación de observaciones a entes fiscalizados de los informes individuales de las Cuentas Públicas 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022.
El encargado de despacho de la ASE, Francisco Fidel Teomitzi Sánchez, entregó este informe a la Comisión de control, Vigilancia y Evaluación de la ASE.
Durante su presentación, el encargado de despacho de la Auditoría recalcó que esto atiende a los pleitos de observaciones, solicitudes de aclaraciones, recomendaciones de desempeño y recomendaciones derivadas de las Auditorías de Cumplimiento Financiero.
En la revisión de la Cuenta Pública 2018 se determinó que de los hay 7 expedientes de investigación en los que se determinó la existencia de presuntas faltas administrativas graves. En esta cuenta pública no hay expedientes en proceso de investigación.
El caso de la Cuenta Pública 2019, solo se encontró una presunta falta administrativa grave por parte de un sujeto obligado. No obstante, se encontró que hay 21 expedientes en proceso de investigación, 19 de municipios y 2 de entidades paraestatales.
Para 2020, la cifra de expedientes de investigación donde hay una posible falta administrativa graves se mantuvo en uno, pero los procesos de investigación aumentaron a 94,84 por parte de municipios y 7 de paraestatales.
En 2021 no se detectaron presuntas faltas administrativas graves. Pero se tuvo la mayor cantidad de expedientes en proceso de investigación, con 159, de los cuales, 143 pertenecen a municipios y 16 a paraestatales.
En el caso 2022, la Auditoría sigue en la revisión de los oficios de contestación para determinar el estado en el que se encuentran.
227 expedientes aún pueden derivar en faltas graves
Asimismo, en este informe se detalló que la Auditoría firmó 227 acuerdo de conclusión y archivo temporal del expediente de investigación, que aún puede abrirse la investigación si se presentan nuevos indicios o pruebas y no hubiere prescrito la facultad para sancionar.
En ese sentido, en 2018 se llegaron a 48 de esta clase de acuerdos, 41 con sujetos obligados municipales y 7 con paraestatales.
Para 2019 la cifra aumentó a 84 de esta clase de acuerdos, 77 con municipios y 7 con autoridades paraestatales.
En 2020, la cifra disminuyó a 76 acuerdos, todos con municipios; y en 2021 descendió a 19, 14 con entidades municipales y 5 con paraestatales.
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