La investigación que enfrenta Amanda Gómez Nava, extitular de la Auditoría Superior del Estado (ASE) de Puebla, continúa su curso y los diputados locales ya cuentan con la información relacionada con el expediente, confirmó Francisco Muñoz, titular de la Unidad Técnica de la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la ASE del Congreso del Estado.
En entrevista con medios de comunicación, el funcionario evitó proporcionar detalles sobre el contenido de la investigación y aclaró que su área únicamente cumple funciones técnicas dentro del proceso, por lo que no está facultado para revelar información sobre el caso.
“Yo no estoy autorizado para dar esa información. Cabe recordar que esta es la Unidad Técnica; quienes están autorizados son la comisión y los diputados. Yo solamente soy el brazo técnico”, declaró.
Muñoz explicó que la documentación derivada de las investigaciones ya fue entregada a las y los integrantes de la comisión legislativa correspondiente, quienes serán los responsables de determinar las acciones a seguir y, en su momento, informar sobre los resultados.
La reserva de la información obedece a que las indagatorias aún no concluyen. El funcionario señaló que cualquier dato relacionado con el expediente debe manejarse con cautela para no afectar el proceso, por lo que los resultados oficiales serán dados a conocer una vez que exista una resolución definitiva.
Amanda Gómez Nava se encuentra bajo investigación por presuntas irregularidades financieras detectadas durante su gestión al frente de la ASE en el ejercicio fiscal 2023. Entre las observaciones destacan posibles compras con sobrecosto y gastos que, en conjunto, superarían los 3.8 millones de pesos.
Uno de los señalamientos más relevantes corresponde a la adquisición directa de una camioneta Chevrolet Tahoe blindada nivel III Plus por un monto de 2 millones 897 mil 680 pesos. De acuerdo con las observaciones preliminares, no existe un dictamen que justifique la excepción a un proceso de licitación pública, además de que se detectó la falta de documentación relacionada con el uso y resguardo de la unidad.
Asimismo, la investigación contempla presuntos gastos irregulares en servicios de alimentación por 984 mil 971 pesos, recursos cuyo destino y justificación continúan siendo revisados por las autoridades competentes.
Mientras las investigaciones avanzan, el Congreso del Estado mantiene bajo análisis la información remitida por las instancias técnicas para determinar si existen responsabilidades administrativas o de otra índole derivadas de la gestión de la exauditora.
