La diputada local Lupita Vargas afirmó que la concesión otorgada a Agua de Puebla en 2013 fue diseñada con candados legales que la hacen prácticamente irrevocable, por lo que retirarla de manera inmediata no es una opción viable.
Al ser cuestionada sobre la posibilidad de que el Gobierno de Puebla retire la concesión a la empresa, la legisladora explicó que la administración estatal y el Poder Legislativo han optado por una estrategia enfocada en obligar a la concesionaria a cumplir con el contrato y rendir cuentas sobre el servicio que presta.
Vargas recordó que el título de concesión fue entregado durante la administración panista de 2013 con condiciones que favorecieron a la empresa privada, lo que hoy dificulta legalmente su cancelación sin generar un costo millonario para el estado.
No obstante, destacó que la actual Legislatura ha abierto un proceso de vigilancia permanente sobre el desempeño de Agua de Puebla, permitiendo que la empresa comparezca ante el Congreso y responda por las deficiencias en el suministro de agua, el drenaje y el saneamiento en la zona metropolitana.
La diputada explicó que el título de concesión establece 31 indicadores de desempeño que la empresa está obligada a cumplir y aseguró que, gracias al trabajo conjunto con el Gobierno del Estado y el Consejo de Administración del SOAPAP, estos mecanismos de evaluación se han fortalecido, además de incorporar sanciones y penas convencionales en caso de incumplimiento.
Agregó que, tras la comparecencia, la empresa cuenta con un plazo de 72 horas para entregar la información solicitada por los legisladores, la cual será revisada para verificar el cumplimiento de sus obligaciones y atender las principales demandas ciudadanas, entre ellas el desabasto de agua, el funcionamiento de la red de drenaje y el saneamiento.
Cabe recordar que el gobernador Alejandro Armenta ha reconocido las deficiencias en el servicio que presta Agua de Puebla; sin embargo, también ha señalado que cancelar la concesión de manera unilateral implicaría el pago de una indemnización millonaria debido a los candados legales del contrato. Por ello, la estrategia del gobierno estatal se mantiene enfocada en exigir que la empresa mejore el servicio y cumpla con las obligaciones establecidas en el título de concesión.
