Con cinco votos a favor y uno en contra, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado aprobó el proyecto de dictamen con minuta de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, el cual contempla la reducción del número de regidores en los ayuntamientos y otras modificaciones en materia electoral.
La reforma establece que los cabildos tendrán un máximo de 15 regidores y que su integración dependerá del número de habitantes de cada municipio. Con ello, se busca ajustar la representación política bajo criterios de población, además de fortalecer la gobernabilidad y hacer más eficiente la integración de los ayuntamientos.
El nuevo esquema prevé que los municipios con mayor población podrán tener hasta 11 regidores de mayoría relativa y cuatro de representación proporcional, mientras que los municipios más pequeños contarán con un menor número de regidores, además de la presidencia municipal y la sindicatura.
El dictamen también redefine la asignación de regidores por el principio de representación proporcional, con el objetivo de adecuar la integración de los cabildos al nuevo límite establecido.
Además de la reducción de regidurías, la reforma incorpora diversos cambios derivados de la armonización con la legislación federal, entre ellos la prohibición de la reelección a partir del proceso electoral de 2030; candados para impedir el nepotismo político, evitando que familiares directos de autoridades municipales en funciones puedan competir de manera inmediata por el mismo cargo; y la obligación de garantizar la paridad de género en la integración de los ayuntamientos.
Asimismo, establece límites a las remuneraciones de los integrantes del Instituto Electoral del Estado y del Tribunal Electoral del Estado, quienes no podrán percibir salarios o prestaciones superiores a los topes fijados en la Constitución. Entre las restricciones se encuentran seguros de gastos médicos privados, seguros de vida, fondos especiales de retiro y otras prestaciones no contempladas en la ley.
Estas modificaciones forman parte de la armonización del llamado Plan B impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum en materia electoral y municipal, así como de las reformas constitucionales federales aprobadas este año, las cuales obligan a las entidades federativas a adecuar su legislación. El dictamen aún deberá ser discutido y votado por el Pleno del Congreso del Estado.
