La Cuenta Pública 2023 y los Estados Financieros a marzo de 2024 del Ayuntamiento de Puebla, bajo la gestión de Eduardo Rivera, fueron aprobados en una sesión del Cabildo dominada por la mayoría del PAN. Sin embargo, este periodo estuvo marcado por controversias, incluyendo acusaciones de mal uso de fondos públicos y falta de transparencia. Específicamente, se cuestionó un gasto de más de 10 millones de pesos en servicios de opinión y consultorías durante los primeros tres meses del año, lo que generó sospechas sobre sus intenciones políticas debido a la cercanía de la campaña electoral para la gubernatura.
Leobardo Rodríguez, de Morena, destacó estas preocupaciones, señalando que tales gastos podrían estar más alineados con intereses electorales que con los administrativos. Además, mencionó irregularidades en la asignación presupuestal y obras inconclusas, con 45 de 68 proyectos pendientes de ejecución, lo que refleja un desorden en la gestión de los recursos y proyectos.
Además, se reportaron prácticas cuestionables como anticipos a contratistas fuera de los marcos legales establecidos, específicamente a empresas encargadas de mantenimiento vial e imagen urbana y la supervisión técnica de obras, lo que sugiere posibles irregularidades administrativas.
En respuesta a las críticas y los datos expuestos, Adán Domínguez Sánchez, el alcalde suplente, atribuyó las acusaciones a una campaña de difamación contra su gobierno. A pesar de las denuncias de coacción del voto mediante la distribución de recursos como tinacos, cemento y pintura durante la veda electoral, Domínguez defendió la continuidad de los programas sociales, argumentando que estos estaban debidamente registrados y no violaban las regulaciones electorales.
