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Puebla registró 159 ataques de violencia político-criminal de 2016 a 2025 con 152 víctimas.
Entre 2018 y 2025, en el estado de Puebla ha registrado 159 ataques de violencia político-criminal, lo que posiciona a la entidad en sexto lugar nacional.
Lo anterior se recopila del estudio “Democracia vulnerada: El crimen organizado en las elecciones y la administración pública en México”.
El estudio fue elaborado por las organizaciones México Evalúa y Data Cívica, recabando notas periodísticas sobre violencia política.
El estado de Puebla se colocó en el sexto lugar a nivel nacional en violencia político-criminal en el periodo que se midió, con 152 víctimas.
Las 152 víctimas de esta modalidad de violencia se conformaban por autoridades de elección popular, candidatos, familiares, elementos de seguridad, funcionarios, instalaciones y partidos.
En primer lugar se colocó el estado de Guerrero con 300 ataques documentados, seguido por Veracruz con 275, Guanajuato con 263, y Oaxaca con 183.
Michoacán se ubicó en quinto lugar con 165 incidentes, Morelos en séptimo con 156, y Chiapas en octavo sitio con 136 eventos.
La lista de los 10 estados con más ataques la cierran Jalisco, con 133; y Baja California, con 129 ataques entre 2018 y 2025.
En 2018, Puebla registró 18 ataques de violencia político-criminal; en 2019 bajó a 6 casos; y en 2020 no se registraron hechos.
A partir de 2021 la estadística fue en aumento con 4 hechos, en 2022 se elevó a 14, para 2023 la cifra aumentó a 15, 2024 fue el de más incidentes con 68, y 2025 cerró con 32.
Candidatos, la principales víctimas violencia político-criminal en Puebla
El estudio destaca que de los 158 ataques que se registraron de 2018 a 2025 en Puebla, la mayoría fueron candidatos.
En la recopilación se contabilizaron 48 ataques en contra candidatos, lo que incluye personas candidatas, precandidatas y excandidatas.
Las fuerzas de seguridad fuera de combate fueron las segundas principales víctimas de estos ataques con 39 sucesos.
Se registraron 26 ataques contra funcionarios, 19 contra autoridades de elección popular, 13 contra familiares, 7 contra integrantes de partido y 7 contra instalaciones.