La camioneta blindada de lujo adquirida por la Auditoría Superior del Estado (ASE) durante la administración de la exauditora Amanda Gómez Nava aún no ha sido entregada a la Fiscalía General del Estado (FGE), pese a que a inicios de este año el Gobierno estatal anunció que sería donada en comodato para fortalecer las labores de seguridad de fiscales especializados.
Así lo señaló el diputado Miguel Trujillo, quien confirmó que la investigación relacionada con la compra del vehículo, valuado en más de 2 millones de pesos, continúa abierta y forma parte de las indagatorias que siguen en curso contra la gestión de la exfuncionaria.
El legislador reconoció que desconoce si se ha concretado el proceso de entrega a la FGE, aunque aseguró que la unidad permanece bajo resguardo de la propia Auditoría Superior del Estado.
“La camioneta sí se compró y está ahí; el problema fue la forma en que se adquirió”, declaró.
Trujillo explicó que este caso sigue generando dudas entre los integrantes del Congreso local, quienes han solicitado información de manera constante a las autoridades responsables. Sin embargo, la respuesta ha sido que las investigaciones aún no concluyen.
“El tema sigue en investigación, no ha concluido. Mientras continúe en investigación, sigue abierto; no es un caso cerrado”, enfatizó.
Además de la adquisición de la camioneta blindada, las autoridades también mantienen bajo revisión otros gastos realizados durante la gestión de Amanda Gómez Nava, entre ellos el presunto gasto irregular de 984 mil 971 pesos en servicios alimentarios.
El diputado sostuvo que existen diversos aspectos que todavía no están completamente esclarecidos, por lo que la ASE mantiene abiertas las indagatorias para determinar posibles responsabilidades.
Indicó que, una vez concluidas las investigaciones, las sanciones que pudieran imponerse serían de carácter administrativo y dependerán de las resoluciones emitidas por la propia Auditoría Superior del Estado. Estas podrían ir desde sanciones económicas hasta una eventual inhabilitación para ocupar cargos públicos.
La adquisición de la camioneta blindada generó una fuerte polémica desde que se dio a conocer su compra, debido al alto costo del vehículo y al contexto de austeridad que debe prevalecer en los organismos públicos. Por ello, el Gobierno del Estado anunció meses atrás que la unidad sería destinada a la Fiscalía General del Estado para tareas de seguridad, aunque hasta ahora dicha transferencia no se ha concretado.
