No es fácil. Nada fácil, pues. Es la eterna lucha, el dilema permanente entre identidad y economía. ¿Qué debe hacer un presidente, un dirigente de un Estado? ¿Luchar por fortalecer la identidad de los habitantes de su país y los elementos que conforman el concepto de una nación para lograr una sociedad, teóricamente, más cohesionada, o priorizar el factor económico para acercarse a una sociedad de bienestar?
La respuesta la recibió, hace un par de días, a modo de portazo en la cara, el actual presidente de Estados Unidos. Donald Trump propuso, desde hace meses, eliminar el otorgamiento de la ciudadanía estadounidense a los hijos de migrantes en situación irregular. Y, una vez más, el Tribunal Supremo le dijo que no. Que Estados Unidos es un país forjado por sucesivas oleadas de inmigración que, durante los últimos dos siglos, han construido una nación diversa y multicultural.
Una vez más, Trump se da de topes con una realidad que le resulta ajena: las instituciones de Estados Unidos no obedecen sus dictados ni sus caprichos. Por el contrario, el país presume una sólida democracia con una clara separación de poderes. Ejecutivo, Legislativo y Judicial ejercen su autonomía y, en general, esquivan cualquier tipo de presión.
Pero la pregunta de fondo es otra: ¿por qué Donald Trump sigue gobernando, casi exclusivamente, para las decenas de millones de seguidores del movimiento MAGA (Make America Great Again)? ¿Por qué sus mensajes, decretos y narrativas continúan reforzando el carácter conservador de sus políticas?
Parecería que la administración Trump observa los cambios que vive el continente americano. Milei, Bukele, Noboa, Peña, Kast, De La Espriella y Fujimori representan un abanico conservador que gana terreno. Con las excepciones de Canadá, México y Brasil, buena parte del continente apuesta por políticas liberales en lo económico y conservadoras en materia de seguridad: más mano dura, menos impuestos; menor gasto social y mayor impulso a la iniciativa privada; fronteras más seguras y fortalecimiento de la identidad nacional.
Pero quizá el espejo en el que se mira la administración de Trump sea el tema insignia de varios gobiernos latinoamericanos, especialmente el de Javier Milei en Argentina: el adelgazamiento del Estado. Menos burocracia, menor gasto gubernamental y una administración pública más ligera.
Es precisamente en ese Estado menos obeso donde Trump encuentra argumentos para reforzar su narrativa antimigratoria: reducir el gasto destinado a educación, salud, vivienda y empleo para la población migrante, además de impedir que los hijos de migrantes en situación irregular nacidos en territorio estadounidense obtengan automáticamente la ciudadanía. Hasta ahora, no lo ha conseguido.
Mientras los gobiernos de la Unión Europea consideran que la inmigración contribuirá a sostener, mediante la recaudación tributaria y la fuerza laboral, el sistema de pensiones de una población cada vez más envejecida, Estados Unidos intenta priorizar un discurso nacionalista alimentado por el temor a la llamada teoría del Gran Reemplazo, que sostiene que los migrantes terminarán sustituyendo a la población caucásica y de raíces judeocristianas.
Un ingrediente más del torbellino ideológico de Donald Trump, quien busca llegar fortalecido a las elecciones intermedias de noviembre próximo. ¿Le alcanzará? Falta cada vez menos para saberlo.
