Después de semanas de polémicas por la Ley de Ciberseguridad, el cambio en la redacción del ciberacedio es inminente tras la petición de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien reconoció que es necesario tener este marco legal pero acotarlo para no incluir a funcionarios públicos.
La oposición utilizó este tema para crear un supuesto escenario de ruptura entre el gobernador, Alejandro Armenta y la presidenta Claudia Sheinbaum, que nunca existió.
En su rueda de prensa matutina, dijo que revisó a fondo la reforma al Código Penal aprobada en el Congreso de Puebla y no tiene que ver con censura o coarta la libertad de expresión
Para callar las voces opositoras pidió un cambio para dejar en claro que el coberasedio en redes sociales no aplicará contra funcionarios públicos.
Los críticos del gobierno estatal seguramente se adjudicarán esto como una victoria. Sin embargo, el artículo 480 del Código Penal seguirá más que vigente y se aplicarían penas de hasta 3 años de cárcel a quien acose en redes sociales reiteradamente.
Una vez que quede asentado que los funcionarios públicos quedan fuera de esta norma, podemos centrarnos en el problema que se tiene de ciberasedio contra menores de edad y el problema de salud mental que se tiene.
Miles de familias tendrán un marco legal que les ayude a defender a sus hijos de las ofensas que reciben a través de redes sociales o por WhatsApp.
Con este ajuste, el Congreso de Puebla tiene la oportunidad de redirigir el debate hacia lo verdaderamente importante: la protección de los sectores vulnerables ante el acoso digital. Más allá del ruido político, el verdadero triunfo será construir un entorno digital más seguro.
