El secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, reconoció públicamente la existencia de una red de corrupción dentro de la institución relacionada con el llamado “huachicol fiscal”.
Se trata de un esquema de contrabando de combustible y evasión fiscal que involucra a mandos navales, exfuncionarios y empresarios.
Durante su discurso, el secretario admitió que fue “duro aceptarlo, pero absolutamente imperdonable callarlo“, resaltando la gravedad del caso y la necesidad de transparentar las investigaciones.
El pronunciamiento se dio luego de que se hicieran públicas las indagatorias que señalan la participación de personal naval en la protección de operaciones ilícitas en puertos y aduanas.
🗳📌 MARINA ADMITE EL GOLPE INTERNO POR EL HUACHICOL FISCAL
— Juan Ortiz 🗳️👁🗨 (@Juan_OrtizMX) September 16, 2025
¿El efecto corruptor dañó a la Marina?
Raymundo Pedro Morales Ángeles, Secretario de Marina, habló de frente sobre el caso que cimbró a la institución: el involucramiento de altos mandos en el robo y tráfico de… pic.twitter.com/AX1Mc3nv3h
Entre los implicados está el capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez, titular de la Unidad de Protección Portuaria en Altamira, hallado muerto en un caso aún bajo investigación.
También se señala a la empresa Ecocarburante, S.A. de C.V., que habría recibido más de 11 millones de pesos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sin contratos formales.
Esta empresa está vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por presunto lavado de dinero.
Hay 14 detenidos por caso de Huachicol Fiscal
Hasta ahora, 14 personas han sido vinculadas a proceso, y las investigaciones continúan en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR).
El almirante Morales Ángeles aseguró que se está dando un “golpe de timón” en la Marina para combatir la impunidad y reforzar la transparencia.
El caso del huachicol fiscal representa una nueva etapa en la lucha contra la corrupción en las fuerzas armadas. Revela cómo estructuras legales ocultaron prácticas delictivas con alto impacto económico y social.
La sociedad civil y organismos independientes exigen que el caso no quede en declaraciones, sino que derive en sanciones ejemplares y una revisión profunda de los controles internos en el sector naval y portuario.
