La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que las investigaciones por presuntos delitos relacionados con el huachicol y operaciones con recursos de procedencia ilícita deben seguir su curso sin importar quiénes sean los implicados. La mandataria sostuvo que no existe una persecución política contra exfuncionarios o integrantes de la oposición. Sino que corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) y al Poder Judicial determinar las responsabilidades conforme avancen las indagatorias.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum señaló que las carpetas de investigación no se iniciaron por razones electorales. Sino como resultado del trabajo de las autoridades encargadas de combatir redes de delincuencia organizada y delitos financieros. Añadió que todas las personas involucradas tendrán derecho a defenderse, pero insistió en que las investigaciones deben llegar “hasta donde tope” cuando existan elementos para ello.
Las declaraciones se producen en un contexto en el que dos exgobernadores emanados del Partido Acción Nacional (PAN) han vuelto al centro del debate. Por un lado, Francisco García Cabeza de Vaca, exmandatario de Tamaulipas, continúa enfrentando procesos judiciales en México por presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El exgobernador reside en Estados Unidos y el Gobierno de México mantiene vigente el procedimiento para lograr su comparecencia ante la justicia.
A la par, el nombre de Ernesto Ruffo Appel, exgobernador panista de Baja California y primer gobernador de oposición en la historia contemporánea del paí. También ha cobrado relevancia tras las investigaciones relacionadas con una presunta red de contrabando de combustibles. El caso ha generado un nuevo intercambio de señalamientos entre Morena y la oposición sobre el combate a la corrupción y la aplicación de la ley sin distinción partidista.
En este escenario, el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, ha planteado que las investigaciones no sólo deben centrarse en los posibles responsables directos. Sino también en el seguimiento del dinero para determinar si existieron redes de financiamiento mediante recursos de procedencia ilícita. No obstante, hasta ahora no existe una resolución judicial que establezca que dichos recursos hayan sido utilizados para financiar actividades o partidos políticos. Por lo que cualquier posible vínculo continúa siendo materia de investigación.
El contexto ha puesto nuevamente en la conversación pública el delito de lavado de dinero, considerado una de las principales herramientas para ocultar ganancias obtenidas mediante actividades ilícitas. De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera, este mecanismo busca dar apariencia de legalidad a recursos provenientes de delitos como corrupción. Además de narcotráfico, fraude, trata de personas, contrabando, extorsión o evasión fiscal, para que puedan incorporarse a la economía formal sin levantar sospechas.
Las autoridades especializadas explican que este proceso suele desarrollarse en tres etapas. La primera es la colocación, cuando el dinero ilícito ingresa al sistema financiero mediante depósitos, transferencias o compras. Después ocurre la estructuración, en la que los recursos son movidos a través de múltiples operaciones para dificultar su rastreo. Finalmente llega la integración, fase en la que el dinero regresa a la economía mediante empresas, inversiones, bienes inmuebles o vehículos. Esto para aparentar tener un origen legítimo.
UIF trabaja para detectar lavado de dinero
Para detectar estas operaciones, la UIF analiza millones de reportes enviados por instituciones financieras y por sectores considerados actividades vulnerables, como notarías, desarrolladoras inmobiliarias. Así como comercializadoras de vehículos, joyerías, casinos y plataformas de activos virtuales. Mediante modelos de riesgo, cruces de información y análisis de vínculos financieros, el organismo genera reportes de inteligencia. Estos pueden derivar en investigaciones de la Fiscalía General de la República.
De esta manera, los casos de García Cabeza de Vaca y Ruffo Appel han vuelto a colocar en el centro de la discusión el alcance de las investigaciones financieras. Y el papel que desempeña la UIF para seguir la ruta del dinero en aquellos expedientes donde existen indicios de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Uno de los delitos que mayor impacto tiene en el combate a la corrupción y la delincuencia organizada.
