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La actual administración ha señalado que busca revisar los contratos y determinar si existen mecanismos jurídicos para reducir las obligaciones pendientes
El gobierno de Puebla mantiene abierta la posibilidad de emprender acciones legales contra exfuncionarios de administraciones anteriores involucrados en la contratación de las plataformas construidas para la instalación de Audi en San José Chiapa, afirmó el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra.
El funcionario rechazó que las posibles responsabilidades hayan quedado automáticamente sin efecto por el paso del tiempo, luego de que algunos de los involucrados argumentaran que los delitos ya habrían prescrito. Señaló que el gobierno estatal revisará las vías jurídicas disponibles para proceder contra quienes resulten responsables.
García Parra sostuvo que existen elementos para revisar las decisiones tomadas durante el periodo del morenovallismo en torno al esquema financiero utilizado para desarrollar la infraestructura vinculada con la armadora alemana.
El coordinador de Gabinete enfatizó que Audi no está involucrada en las presuntas irregularidades que son objeto de revisión. Aclaró que la empresa automotriz únicamente forma parte del contexto del proyecto y que las acciones que analiza el gobierno están dirigidas hacia los exservidores públicos que participaron en la contratación.
Las plataformas de San José Chiapa representaron una inversión millonaria para el estado y fueron construidas como parte de la infraestructura necesaria para el proyecto de Audi. El esquema utilizado generó obligaciones financieras de largo plazo para Puebla, las cuales continúan representando un compromiso para las finanzas estatales.
La actual administración ha señalado que busca revisar los contratos y determinar si existen mecanismos jurídicos para reducir las obligaciones pendientes, además de establecer responsabilidades por las decisiones tomadas en administraciones anteriores.
García Parra insistió en que el análisis no pretende afectar la relación entre Puebla y Audi, sino revisar las actuaciones de los funcionarios que participaron en la estructuración de los contratos y determinar si existen elementos para iniciar procedimientos legales.
