El Gobierno del estado va por la regulación de los comités ciudadanos para la prevención social de la violencia y delincuencia en Puebla.
El gobernador Alejandro Armenta Mier mandó al Congreso local la iniciativa de Ley de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia de Puebla.
Con esta propuesta de ley se busca mejorar la percepción de seguridad que tienen los ciudadanos en el estado.
Puebla forma parte de las siete entidades federativas que no cuentan con esta regulación en el país, lo que evidencia las deficiencias del estado en esta área.
El gobierno estatal señaló que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad (ENVIPE 2024) del INEGI, el costo total de la inseguridad y delitos en hogares en Puebla durante 2023 fue de 17 mil 500 millones de pesos, un promedio de 7 mil 578 pesos por persona afectada.
Dicha encuesta revela que 561 mil 705 hogares poblanos tuvieron una víctima de un delito, es decir, el 31 por ciento de familias en el estado.
Del millón 780 mil 671 delitos cometidos en 2023, en el 60 por ciento la víctima estuvo presente, y en el 86.5 por ciento manifestaron sufrir algún daño.
¿Cómo funcionaría la propuesta?
En este sentido, la iniciativa de ley plantea la instalación del Consejo Estatal de e Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual definirá la política de prevención social e la violencia y la delincuencia.
También se creará la Comisión Estatal de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia, la cual coadyuvará en la elaboración de programas estatales y municipales de prevención social, impulsar las líneas de acción y proponer los mecanismos de monitoreo.
Se establece que los municipios deberán contar con áreas municipales de prevención, para lo cual deberán destinar presupuesto y estructura, la cual implementará y evaluará las políticas públicas, programas y acciones que reduzcan los factores de riesgo de generación de la violencia.
Asimismo, se integrarán comités ciudadanos de prevención social de la violencia y la delincuencia, los cuales se intervendrán en los niveles de prevención primaria, secundaria y terciaria.
En el nivel primario, los comités se encargará de las acciones y medidas de prevención antes de la ocurrencia de hechos delictivos para reducir factores de riesgo en la comunidad.
Mientras que en el nivel secundario, la intervención se enfocará en quienes tienen mayor riesgo de padecer o generar violencia o cometer un delito, con el fin de impedir la consolidación de comportamientos violentos.
En tanto, el nivel terciario de intervención de los comités ciudadanos trata de la integración de políticas y acciones orientadas a los individuos que han ejercido violencia o cometido actos delictivos para prevenir la reincidencia.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso local.
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