El cruel asesinato de Natalia Andrade ocurrido hace 3 meses en Lomas de Angelópolis cometido por su vecino un niño de 12 años generó indignación. Primero por la edad del autor material y segundo, por no internarlo en el CIEPA debido al Código de Justicia para Adolescentes que lo protege.
En redes sociales causó polémica qué el niño de 12 años no fue sometido a internamiento al Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes. Esto tras haberle arrebatado la vida a Natalia Andrade en marzo del 2025.
Pese a que cometió tal crimen, la autoridad judicial determinó que fue un homicidio calificado en premeditación. Al menor le fueron imputadas ciertas medidas cautelares que no ameritaron su internamiento a dicho centro de rehabilitación, pues estará bajo vigilancia de sus papás.
Pues en México y Puebla existe el Código de Justicia para Adolescentes, que establece que los menores de 12 años no son sujetos al sistema penal tradicional. Es decir que la ley prioriza su rehabilitación fuera de estos centros.
Este código busca que el menor no sea sometido a internamiento, si no que se canalice a instituciones de asistencia social. Esto para recibir una evaluación y medidas de protección y rehabilitación. Sin proceso ni sanción penal.
Las sanciones aplicables a los niños de 12 a 14 años no incluyen prisión. En su lugar se aplican las medidas plasmadas en el Artículo 24 de dicho ordenamiento jurídico.
Dichas sanciones buscan un enfoque Socioeducativo como Libertad asistida, servicios a la Comunidad o tratamientos especializados. Pues la ley reconoce que los menores no tienen el mismo nivel de madurez ni compresión que los adultos. Por lo que se ofrece una solución distinta.
El mismo código establece que solo los adolescentes entre 12 y menos de 18 años, pueden entrar al sistema de justicia juvenil, la cual se divide en dos etapas:
-De 12 a 14 años:
Medidas socioeducativas, que engloban la libertad asistida y servicios comunitarios. Tal cual y como se aplicó con el responsable de arrebatarle la vida a Natalia Andrade.
De 14 a 18 años:
En casos de delitos graves y bajo autorización judicial, existe la posibilidad de someter a los menores a internamiento como último recurso.
