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Xóchitl Gálvez se suma a la Declaración de Chapultepec por la libertad de expresión y de prensa

Xóchitl Gálvez, la candidata presidencial del Frente Amplio por México (FAM), se adhirió a la Declaración de Chapultepec, un decálogo de principios sobre la libertad de expresión y de prensa en las Américas, durante la 79 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), celebrada el 9 de noviembre de 2023 en la Ciudad de México.

La hidalguense expresó su compromiso con la defensa de la libertad de expresión y la soberanía del gremio periodístico, en caso de llegar a la presidencia de México en 2024. También suscribió la Declaración de Salta, otro documento de la SIP que aborda los desafíos de la era digital para el periodismo.

En su intervención, la ingeniera recordó los ataques que ha recibido por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien la acusó de querer eliminar los programas sociales para los adultos mayores. También denunció que no le dio derecho de réplica en su conferencia mañanera, lo que consideró una violación a la libertad de expresión y al artículo sexto de la Constitución.

Asimismo, mencionó el caso de la periodista Lourdes Maldonado, asesinada el 23 de enero por su labor informativa y el hostigamiento desde Palacio Nacional e intento de homicidio del comunicador Ciro Gómez Leyva, como ejemplos de que las autoridades deben dar prioridad a la atención de delitos contra quienes ejercen labor informativa.

“Este gobierno le ha fallado a la libertad de prensa. (…) Una prensa libre contribuye al desarrollo de cualquier país. Los medios son el cuarto poder y, cuando comunican la verdad, equilibran a los poderosos y los poderosos no deberían tenerle miedo a los medios de comunicación, deberían de tenerle miedo a su mal actuar.

“La información debe ser un instrumento democrático, no de chantaje”, dijo la aspirante presidencial por el FAM.

La Declaración de Chapultepec fue realizada el 11 de marzo de 1994 durante la Conferencia Hemisférica sobre la Libertad de Expresión en la ciudad de México. Desde el año 2020, el Índice Chapultepec mide el estado de la libertad de prensa en 22 países americanos.

La declaración contiene un preámbulo y 10 principios que establecen el derecho de toda persona a buscar y recibir información, expresar opiniones y divulgarlas libremente, así como la obligación de las autoridades de poner a disposición de los ciudadanos la información generada por el sector público.

También condena el asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación, la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores, que coartan severamente la libertad de expresión y de prensa.

Así mismo, rechaza la censura previa, las restricciones a la circulación de los medios o a la divulgación de sus mensajes, la imposición arbitraria de información, la creación de obstáculos al libre flujo informativo y las limitaciones al libre ejercicio y movilización de los periodistas.

La declaración también establece que los medios de comunicación y los periodistas no deben ser objeto de discriminaciones o favores en razón de lo que escriban o digan, y que las políticas arancelarias y cambiarias, las licencias para la importación de papel o equipo periodístico, el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión y la concesión o supresión de publicidad estatal, no deben aplicarse para premiar o castigar a medios o periodistas.

Además, señala que el carácter colegiado de periodistas, su incorporación a asociaciones profesionales o gremiales y la afiliación de los medios de comunicación a cámaras empresariales, deben ser estrictamente voluntarios, y que la credibilidad de la prensa está ligada al compromiso con la verdad, a la búsqueda de precisión, imparcialidad y equidad, y a la clara diferenciación entre los mensajes periodísticos y los comerciales.

Finalmente, la declaración afirma que ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas o denuncias contra el poder público, y que en una sociedad libre la opinión pública premia o castiga.

Los siguientes países se suscribieron a la declaración: Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.