El gobernador Alejandro Armenta Mier envió al Congreso del Estado, una iniciativa para que la Secretaría Anticorrupción de Puebla se encargue de la política de transparencia del Estado.
La iniciativa fue enviada por el coordinador del gabinete del gobierno estatal, José Luis García Parra, e ingresó por la Mesa Directiva en la sesión ordinaria del Pleno del 20 de febrero.
La reforma sobre la Secretaría Anticorrupción de Puebla le quita a la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración de la entidad la facultad de delinear la política de transparencia del estado.
Ahora, la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado tendrá como facultad el proponer las políticas en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y gobierno abierto de la Administración Pública Estatal.
También deberá verificar la integración de las unidades de transparencia y la constitución de los Comités de Transparencia de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.
Secretaría Anticorrupción de Puebla coordinará los respectivos procedimientos de atención y acciones de trámite
Asimismo, la dependencia deberá dar seguimiento a las acciones de los sujetos obligados e informar de todo lo anterior a la
instancia correspondiente.
En caso de aprobarse esta iniciativa, dentro de los 90 días naturales siguientes a la entrada en vigor del decreto, la Secretaría de Planeación. Finanzas y Administración y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, coordinarán el proceso de transferencia de las atribuciones, asuntos y recursos humanos, materiales y financieros existentes, entre las dependencias.
El Congreso de la Unión aprobó la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y de los institutos de cada uno de los 32 estados.
Ante ello, Raquel Buenrostro, titular de Transparencia, presentó el plan para asumir las funciones del extinto INAI.
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Explicó que se creará un órgano llamado Transparencia para el Pueblo, que garantizará el derecho al acceso a la información pública.
