El Partido Revolucionario Institucional (PRI) formalizó su solicitud para que la empresa Agua de Puebla para Todos y el SOAPAP comparezca ante el pleno del Congreso del Estado.
Durante la sesión del Pleno, la diputada Delfina Pozos Vergara presentó el punto de acuerdo para exhortar a la empresa y al organismo público descentralizado presentarse ante los diputados.
La secretaria general del PRI Puebla sostuvo que es el momento para revalidar y hacer cumplir la confianza que los poblanos les dieron a los legisladores para revisar el rendimiento de los servicios públicos.
“Las inminentes fallas en el abastecimiento, mala calidad y altas tarifas de servicio hacen evidente el mal manejo de este servicio en el estado de Puebla”, comentó.
Remarcó que el punto de acuerdo es para que comparezcan Héctor Duran Díaz, Director de “Agua de Puebla para todos” y a Gustavo Gaytán Alcaraz, Director General del SOAPAP para que presenten un informe detallado del contrato y título de concesión para la prestación del servicio de agua potable, alcantarillado, drenaje, saneamiento y disposición de aguas residuales en el estado.
También se solicitó información sobre los contratos vigentes modificados, las inversiones de ambas entidades jurídicas, un diagnóstico actual de las obligaciones financieras, sobre su recaudación, los programas de distribución y operatividad de los servicios de agua potable y del presupuesto de la infraestructura hídrica.
“Es tiempo de rendir cuentas a las poblanas y los poblanos, hoy es contundente el reclamo ciudadano ante los abusos de las altas tarifas excesivas por parte de Agua de Puebla para Todos, es tiempo de revisar de manera detallada la calidad sobre la prestación de los servicios para las poblanas y los poblanos”, expuso.
Manifestó que además de las obligaciones financieras que tiene la empresa se requiere información sobre los cortes de servicio de agua potable y alcantarillado que realiza la empresa concesionaria que afectan a los ciudadanos para darle seguimiento a uno de losmprincipales reclamos ciudadanos que han sido menos atendidos.
El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal para su estudio y análisis correspondiente.
El gobernador electo Alejandro Armenta ha señalado que la rescisión del contrato con la concesionaria costaría a la entidad más de 8 mil millones de pesos, sin tomar en cuenta las sanciones por la conclusión anticipada del mismo.
