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Ministros de la Corte rechazan propuesta de 4T de ser electos en urnas

La propuesta de Morena para que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sean electos por voto popular directo y universal fue rechazada por la mayoría de los integrantes del máximo tribunal, quienes la consideraron inconstitucional e inviable.

La iniciativa, presentada por el senador Alejandro Armenta Mier, busca modificar el artículo 94 de la Constitución para establecer que la elección del poder judicial sea “directa y en los términos que disponga la ley electoral”. Según el legislador, esto fortalecería la democracia y evitaría la subordinación de los juzgadores a los otros poderes.

Sin embargo, la propuesta fue criticada por varios ministros de la Corte, quienes la calificaron de populista, regresiva y contraria al principio de división de poderes. El ministro presidente Arturo Zaldívar dijo que la elección popular de los ministros implicaría una politización de la justicia y una vulneración de la independencia judicial.

El ministro Luis María Aguilar señaló que la iniciativa desconoce la naturaleza y función del poder judicial, que no es representar a la mayoría, sino garantizar los derechos de todos. El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo afirmó que la elección popular de los ministros sería una forma de someterlos al escrutinio de los otros poderes y de los grupos de interés.

La propuesta de Morena se da en un contexto de tensión entre el poder ejecutivo y el judicial, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunciara que impulsará una reforma constitucional para que los ministros de la Corte puedan ser electos por voto popular, como parte de su “plan C” para transformar al país.

El mandatario ha expresado su inconformidad con la actuación de la Corte, a la que ha acusado de defender los intereses del conservadurismo y de violar la Constitución. Asimismo, ha hecho un llamado a la población a apoyar su movimiento en las elecciones de 2024 para que pueda pasar sin contratiempos su reforma al poder judicial