Ante los casos de daño patrimonial en gobiernos municipales, en el Congreso local propusieron la Ley Adán Domínguez, para aplicar “inhabilitación perpetua” a funcionarios que causen daños financieros graves.
La iniciativa fue presentada por la diputada María De la Barreda Angón, la cual busca penas de hasta 15 años de cárcel a los funcionarios que generen un daño patrimonial a las finanzas públicas y comprometa recursos de las siguientes administraciones.
La diputada por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), hizo énfasis en el caso del municipio de Puebla, donde Adán Domínguez, es señalado de ocasionar un hoyo por más de 680 millones de pesos.
La legisladora del Verde Ecologista destacó que no se puede permitir que los funcionarios comprometan el ejercicio de gobierno por el mal manejo de recursos que hicieron durante su gestión.
“A nivel local, los hechos ocurridos durante la gestión de Adán Domínguez Sánchez, en el municipio de Puebla, son un claro ejemplo de la necesidad de sanciones más severas. El compromiso indebido de recursos destinados a ejercicios fiscales futuros generó un déficit financiero de más de 680 millones de pesos, afectando directamente a la administración entrante y, por ende, a la ciudadanía.
Este tipo de conductas no solo dañan las finanzas municipales, sino que también erosionan la confianza en las instituciones públicas”, externó.
Enfatizó que es urgente establecer un castigo ejemplar por estas malas prácticas, por lo que la propuesta establece una pena de cárcel de 15 años, la restitución del monto total del daño causado al erario y el pago de una multa de 50 por ciento del mismo.
Precisó que, si durante el proceso penal el responsable devuelve de manera íntegra el monto del daño causado, se extinguirá la acción penal correspondiente, sin perjuicio de la inhabilitación perpetua y la sanción económica adicional.
¿Qué propone la iniciativa de la Ley Adán Domínguez?
La iniciativa propone que se califique como delito el acto u omisión de un servidor público de comprometer recursos públicos correspondientes a administraciones futuras sin contar con la autorización y justificación debida:
La conducta se considera que fue con dolo cuando se demuestre que el servidor público actuó de manera deliberada y consciente para causar daño al erario.
Y será negligencia grave cuando se acredite que el servidor público incurrió en una falta de cuidado extremo que provocó el daño.
Dicha conducta debió haber ocasionado un daño patrimonial significativo, cuantificable y documentado, ya sea en términos financieros, operativos o administrativo.
¿Cuáles serán las penas por este delito?
Por dichas conductas de los servidores públicos las sanciones serían de inhabilitación perpetua, consistente en la privación definitiva del derecho a ocupar cargos, empleos o comisiones en el servicio público.
También se impondrán sanciones económicas consistentes en la restitución del monto total del daño causado al erario y multa equivalente al 50 por ciento del monto del daño causado, que será destinada a un fondo de reparación del daño patrimonial del Estado.
Sanción de prisión de 5 a 15 años, dependiendo de la gravedad del daño y el nivel de responsabilidad del servidor público.
Las sanciones penales se descartarán si durante el proceso penal, el responsable devuelve de manera íntegra el monto del daño causado, se extinguirá la acción penal correspondiente, sin perjuicio de la inhabilitación perpetua y la sanción económica adicional.
