InicioPolíticaJuez rechaza prisión domiciliaria a Murillo Karam por caso Ayotzinapa

Juez rechaza prisión domiciliaria a Murillo Karam por caso Ayotzinapa

El exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, seguirá en la cárcel mientras enfrenta un proceso penal por su presunta responsabilidad en los delitos de desaparición forzada, tortura y obstrucción de la justicia, relacionados con la investigación del caso Ayotzinapa.

Así lo determinó un juez de distrito, quien negó la suspensión definitiva que solicitó Murillo Karam para modificar la medida cautelar de prisión preventiva justificada que se le impuso desde el pasado 19 de agosto, cuando fue detenido frente a su domicilio en una zona exclusiva de la Ciudad de México.

El exfuncionario del gobierno de Enrique Peña Nieto argumentó que tenía derecho a la prisión domiciliaria por tener más de 70 años de edad y padecer una enfermedad grave, según el artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales1.

Sin embargo, el juez consideró que no se cumplían los requisitos legales para otorgarle ese beneficio, pues existía el riesgo de que se sustrajera de la acción de la justicia o entorpeciera el desarrollo de la investigación.

Murillo Karam es señalado como el principal responsable de la llamada “verdad histórica” sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Según esa versión, que fue desmentida por expertos internacionales y la propia Fiscalía General de la República (FGR), los normalistas fueron entregados por policías municipales a integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, quienes los habrían asesinado e incinerado en el basurero de Cocula.

La FGR acusa a Murillo Karam de haber fabricado esa hipótesis con base en testimonios obtenidos bajo tortura, ocultando o destruyendo evidencias y encubriendo la participación de agentes del Estado en el caso.

El exprocurador también enfrenta otro proceso penal por el delito de ejercicio indebido del servicio público, por el que se le impuso una fianza de 100 mil pesos y la prohibición de salir del país.